Por Gerardo Gamarra, Militante de Patria Grande y ALBA Movimientos, contacto: gerardogamarra7@gmail.com

Las elecciones presidenciales en Brasil, representan tanto más que la polarización con la que se presentan. Cuando miramos los parecidos con Argentina, el “PTismo”/ “antiPTismo” tiene gusto a la polarización de las elecciones de 2015. Pero hay mucho más en juego. Hay una disputa abierta entre dos modelos políticos diferentes con proyectos de país antagónicos y proyectos políticos enfrentados que expresan esa polarización y se agudizan con cada comparación entre una propuesta de retomar un proyecto de desarrollo con inclusión social, recuperación de derechos y políticas sociales; y un proyecto que encaja casi artesanalmente con el modelo neoliberal que retoma la ofensiva en el continente, que reivindica las dictaduras militares y la tortura, que se pone de espaldas aun incluso a la desgastada democracia representativa y retoma narrativas fascistas que suponen no solo un retroceso, sino una barbarización de las formas democráticas y de las praxis políticas.

El golpe y sus impactos
Veamos brevemente como se fue conformando el contexto actual en el que se dan estas elecciones, las primeras tras el golpe que destituyó a Dilma Rouseff.
Tras las votaciones de abril y mayo de 2016 que aprobaron el impeachment, Dilma Rouseff, acusada de cometer delitos de responsabilidad al violar las leyes presupuestarias y de probidad administrativa, fue desplazada del cargo presidencial con la asunción interina del vice Michel Temer (PMDB), hasta el 31 de agosto cuando en votación final de 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones en la Cámara de Diputados y 55 votos a favor y 22 en contra, se formaliza el golpe jurídico-mediático-parlamentario.
Los actores que intervinieron en la conformación y consolidación del golpe son sectores del PSDB (Partido Social Demócrata Brasilero); sectores del PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasilero); los grandes medios de comunicación hegemónicos, con Red Globo a la cabeza; y sectores del mercado financiero y el poder judicial que sin comprobar la existencia de tales delitos de responsabilidad hicieron del impeachment el primer gran acto del golpe.
No resulta complejo y hasta las propias contradicciones de los medios muestran también en un análisis que no requiere de mayores profundidades, que las intenciones del golpe fueron instaurar y desarrollar un proyecto político alineado con el capital financiero internacional y las políticas neoliberales del imperialismo, que claro, busca hacerse del poder para llevar adelante la agenda planeada para el próximo ciclo.
Lejos de la narrativa de crisis y un país quebrado que fue construida por la prensa, instalando en el sentido común una supuesta lucha contra la corrupción, que curiosamente es llevada adelante por quienes más temprano que tarde comenzaron a verse implicados en los propios delitos que la causa Lava-Jato sacaba a la luz. El caso de Eduardo Cunha, orquestador principal del impeachment y luego procesado y en prisión por casos de corrupción que incluso implican al propio Temer, es apenas una simple muestra de lo inherente que la corrupción es al actual gobierno ilegítimo.
Lo que siguió fue una batería de medidas antipopulares que impactaron directamente en el pueblo brasilero, en las políticas de soberanía, y en el recorte de derechos históricos. Desde el golpe hasta hoy, dos millones de personas perdieron sus empleos; la enmienda constitucional que limita el gasto público por 20 años es un daño que solo el tiempo dimensionará cuando los impactos en salud y educación muestren el real retroceso a políticas de mitad del siglo XX. La reforma laboral flexibiliza, aunque más que doblar preferiría romper, derechos históricos modificando sustancialmente las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores, aumento de jornadas, reducción de descansos, contrataciones y negociaciones individuales, debilitamiento del sector sindical, todas medidas maquilladas como una “modernización del mercado laboral” que pretendía aceptación de la propuesta que el senado, de espaldas al pueblo, aprobó en favor de sus propios interés imbricados. Linkeada a esta, el proyecto de reforma jubilatoria desbarata por completo las garantías históricas de la clase trabajadora y se convierte en un gran desafío que, dependiendo de los resultados electorales tendrá un marco de mayor o menor amenaza pero que sin dudas los sectores conservadores del gobierno intentarán. También se recortaron programas sociales que habían sido desarrollados por los gobiernos de Lula y Dilma. Medidas de gran impacto social que fueron recortadas accionando un retroceso de mayor repercusión. Programas de vivienda como “Minha Casa Minha Vida”, políticas de becas en educación, incluso convenios que garantizaban distribución de alimentos saludables en la educación básica, fueron desmontados o sufren recortes que dejan una herida profunda en el tejido social más excluido de la sociedad.
A estas medidas que ya dejan ver el tenor del retroceso al que Brasil está expuesto en este reordenamiento de la región por parte de las fuerzas conservadoras y el capital internacional que busca retomar el control político y económico, podemos sumarle también la agresiva criminalización de los movimientos populares y sus dirigentes en una clara ofensiva de represión contra la organización popular que se muestra como la herramienta del pueblo en la lucha permanente contra el retroceso conservador. La violenta agresión de la Policía Militar en la Escuela Nacional Florestan Fernandes, las acciones organizadas por fuerzas parapoliciales en las ocupaciones del MST (Movimiento Sem Terra), la detención intimidatoria de dirigentes como Guilherme Boulos del MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), dan cuenta de la clara intención persecutoria a las legítimas luchas populares e históricas de Brasil. El incremento de la violencia policial que tuvo un nuevo punto de inflexión, siempre en escalada, en la última intervención militar en Río de Janeiro, que bajo el argumento ya comprobadamente fallido del “combate al narcotráfico” expone y deja un saldo de muertes inocentes que crece a diario y agranda los índices que juventud negra, pobre, periférica y mujeres que son víctimas de estas medidas. La amarga comprobación de la ineficacia de esta guerra a las drogas y de lo oscuro que es el entramado que envuelve a la Policía Militar, funcionarios del gobierno y narcotraficantes, llegó en marzo de este año cuando la concejala Marielle Franco y Anderson Gomes fueron ejecutados en plena calle. Marielle fue la concejala más votada en Río de Janeiro, militante LGBT, nacida en la periferia de Río, luchó por la defensa de los Derechos Humanos y participaba del acompañamiento político y civil que fiscalizaba las intervenciones en Río.
Con estos embates, y en un ciclo de reflujo de la lucha de masas, la respuesta popular tuvo que atravesar, como todavía transita, momentos de aturdimiento, que a pesar de sí mismos no obstaculizaron la búsqueda de nuevas propuestas para la lucha. Proyectar nuevos debates estratégicos que traigan nuevas tácticas y generar un amplio marco de unidad fueron la clave para revitalizar los desafíos de las fuerzas populares. Una de las propuestas que evidencia esto es la conformación del Frente Brasil Popular, que aglutina partidos, movimientos, sindicatos y entidades del campo progresista y popular para hacerle frente al golpe y que hoy se integra con la propuesta del Proyecto Brasil en la búsqueda y construcción de un proyecto popular para Brasil. Estas fuerzas son las que el 28 de abril de 2017 participaron de la huelga general más grande de la historia del gigante sudamericano. Son las fuerzas que apoyaron la candidatura de Lula y que hoy están en lucha frente a la amenaza fascista del reordenamiento conservador y que el último 29 de septiembre acompañaron a miles de mujeres en todo el país en la movilización histórica contra la amenaza fascista que representa la figura de Bolsonaro.

El país ya vivió otras crisis igualmente graves con anterioridad: en 1930, 1960 y 1980, que nos enseñaron que la salida es a largo plazo y depende de una amplia articulación de fuerzas sociales, capaces de aglutinarse en torno a un proyecto nuevo. En esos períodos de crisis, los sectores menos organizados, las masas, quedan desorientadas. Las organizaciones políticas que no hagan la lectura correcta de la coyuntura, también pierden relevancia. Hoy están todas esas figuras públicas y partidos que no tienen nada que decir o sólo dicen tonterías que nadie tiene en cuenta. (Joao Pedro Stédile, 2018 ).

La etapa de consolidación
Claro que los golpistas tienen como desafío eternizarse en el poder bajo la figura de un recambio democrático que les pueda dar garantías para aplicar el plan de ajuste y desmonte del Estado. Pero de todas maneras en el camino, Temer tuvo que atravesar dos pedidos de juicio político que fueron salvados por sus secuaces en las cámaras que no dieron avance a las denuncias. También las serias implicaciones y vínculos de corrupción hasta del propio Temer en la causa Lava Jato, le dio bastante trabajo a la Red Globo que detenta el poder de silenciar para millones de personas el autentico accionar corrupto de tropa mercenaria que ocupa hoy el Palacio de Planalto.
De la misma manera, la derecha golpista, representada por los principales actores del golpe jurídico-mediático-parlamentario, junto a la bancada ruralista del senado, la iglesia evangélica y sectores de centro derecha no muestran un grado consolidado de unidad y eso se visibilizó en el último periodo, camino a las elecciones presidenciales. Antes claro, quedaba un último objetivo para que la fiesta democrática del próximo domingo sea solo una fiesta para ellos y nada de democrática.
Desde el propio momento de la llegada del usurpador Temer a la presidencia, la imagen del PMDBista comenzó a caer en picada hasta el 3%, convirtiéndose en el presidente con menos grado de aprobación de Brasil. A la inversa, y con la posibilidad de volver a ser candidato, la imagen de Lula da Silva volvió al centro de la escena política en alza. La respuesta no tardó en llegar y a través del pacto golpista con el poder judicial, el gobierno comenzó una caza de brujas contra el expresidente. El objetivo era claro, silenciar la voz que representa la voz de millones, que se erige como el máximo dirigente político de la historia de Brasil, que tiene sus orígenes en los sectores populares del país y que construyó su liderazgo en el seno del sector sindical y que, además, encabezaba todas las encuestas de intención de voto.
Así, y a través de una causa judicial construida en complicidad con los conglomerados mediáticos que aportaron “pruebas” tales como artículos de denuncia y de los que la fiscalía también se valió, Lula fue víctima de una persecución política que implicó una detención arbitraria que el mundo entero denunció, la acusación de haber comprado un departamento en la región de Guarujá en el litoral paulista favorecido con coimas, una guerra mediática feroz que incluso llegó a generar contenidos de repudiable tenor ante el fallecimiento de su esposa Marisa Leticia, y por fin el juicio y condena que hasta hoy mantienen al máximo líder brasilero preso en una dependencia de la Policía Federal en Curitiba, Paraná.
Con Lula preso, el impacto en la sociedad y en las fuerzas populares podía dejar el camino abierto para que los golpistas fueran por todo.

Las elecciones y el futuro de Brasil en clave de interrogación
La detención de Lula no bastó y el PT (Partido de los Trabajadores) se lanzó a la campaña con la figura de Lula a la cabeza por la vuelta a la presidencia, para retomar el camino del desarrollo, de la inclusión y de recorrida de un camino que se hace ancho por la vía de la integración de su pueblo y del país con la región. Aun desde prisión, Lula presentó su candidatura el 17 de agosto de 2018 en un hecho histórico cuando miles de luchadoras y luchadores del pueblo brasilero acompañaron en la Marcha Lula Livre, la inscripción en el Tribunal Superior Electoral en Brasilia. Tras un revés jurídico que aceleró la decisión del STF (Supremo Tribunal Federal), el día 11 de septiembre la candidatura de Lula fue anulada bajo el recurso de “Ley de Ficha Limpia” y en su lugar indicó a Fernando Haddad para componer la coalición “O Brasil Feliz de Novo” junto a Manuela D’Avila (PCdoB), como candidata a vice presidenta.

“Yo voy a cumplir el mandato. Y ustedes de ahora en adelante no se llaman más Chiquinha o Pedrinho, uds son todos Lula y van a ir por él haciendo lo que necesita ser hecho. Yo no voy a parar porque no soy más un ser humano, soy una idea y estoy con uds. Y quiero hacer aquí una transferencia de responsabilidad, ellos piensan que el problema es solamente Lula. Van a descubrir que el problema son todos uds. Mis ideas ya son parte del aire y no tienen como apresarlas.” (Lula da Silva, 2018 )

Del otro lado, las fuerzas conservadoras, realimentadas por el blindaje de poder que consiguieron en el Congreso, los falsos debates y posturas anti-corrupción, atizados por el discurso de odio en crecimiento, y con el alto grado de atomización de la sociedad, dieron lugar a que se magnificaran expresiones que hoy representan lo más viejo de lo viejo. Jair Bolsonaro, diputado federal por Río de Janeiro y candidato presidencial por el PSL (Partido Social Libertario) es el principal candidato de la derecha, que aun así no aglutina íntegramente estos sectores dada la radicalidad de sus posturas altamente racistas, misóginas y regresivas. Tras haber declarado que las mujeres no deben tener el mismo salario que los varones, manifestarse abiertamente homofóbico, también se mostró a favor de liberar la portación de armas y hasta llegó a prometer en un acto público de campaña “ametrallar al MST y los PTistas”.
Militar de reserva y defensor de la dictadura militar, no dudó oportunamente en defender la tortura o reavivar el discurso racista con expresiones tales como “No hacen nada. No sirven ni para procrear’’.

«Quédate ahí, María del Rosario, quédate. Hace unos días, me llamaste violador, en el Salón Verde, y te dije que no iba a violarla a usted porque usted no merece. Quédate aquí para oír.»
«Ella no merece ser violada, porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece.» (Jair Bolsonaro, 2017 )

Casi como una paradoja de la vida, ese discurso de odio, radicalidad extrema y violencia, pareció mostrarle las primeras cosechas de su siembra cuando a comienzos de septiembre en Joao Pessoa, Paraiba, fue víctima de un ataque con un cuchillo que lo dejó hospitalizado.
De todas maneras, el discurso antisistema, anti Globo, antiPT, las declaraciones de odio y preconcepto a lo que la derecha llama “ideología de género”; tienen hoy respuesta en sectores que incluso son potenciales víctimas de las políticas planteadas por él mismo. Y, recuperar a los sectores populares cooptados por estas políticas por la propia despolitización de la vida pública y los impactos de la crisis que desgranan los espacios de organización, es un claro desafío de todos y todas antes y después de las elecciones.
De los 13 candidatos que componen la disputa electoral en la primera vuelta del 7 de octubre, y según las últimas encuestas divulgadas, habría un segundo turno el día 28 entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Las esperanzas de Geraldo Alckmin (PMDB), que cuenta con más apoyo del sector financiero, que tampoco termina de aceptar a Bolsonaro como su candidato, se esfuman en el aire tras las últimas divulgaciones de intención de voto. De la misma manera, Ciro Gomes (PdT) tampoco consigue un espacio en la recta final electoral. Es importante y necesario que la transferencia de votos de Lula hacia Haddad sea efectiva como se plasma en las encuestas y como demuestra el crecimiento de más de 10 puntos en el último mes frente a un estancamiento de Bolsonaro que con una ayudita de Ibope mostró crecimiento en las últimas dos divulgaciones.
Se pone en juego entonces, un proyecto integral de país, de Estado y de democracia, que se integra con los desafíos propios e históricos de Brasil para no volver al mapa del hambre, para construir una nación soberana y diversa que logre saldar las deudas históricas con las mayorías oprimidas y termine de soltar su lastre histórico de esclavitud, explotación, pobreza y desigualdad. La posibilidad de volver a construir un camino propio, de retomar un equilibrio institucional en la correlación de fuerzas y así poder reconstruir un programa de desarrollo con inclusión social.
En el otro lado el proyecto neoliberal busca profundizarse en la región, implementar los ajustes al Estado, desmontar la soberanía nacional sobre los bienes y recursos naturales y avanzar en el plan de des-democratización creciente en el mundo.