Batalla de Ideas

INTRODUCCIÓN

Este material forma parte del libro El nuevo Plan Cóndor. Geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe (2022), coordinado por Lautaro Rivara y Fernando Vicente Prieto y editado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social y la editorial Batalla de Ideas. En el presente mapa georreferenciamos algunos de los mecanismos de intervención que despliegan EE. UU. y otros países y organismos aliados en el continente, en ocasiones de manera directa y muchas veces de forma indirecta o velada. Este entramado de poder complejo, dinámico y multidimensional, dirigido a recuperar el control hemisférico en el marco de una intensa disputa global, conforma lo que consideramos como un nuevo «Plan Cóndor» para América Latina y el Caribe.

En función de su objetivo —priorizar la comunicación visual y didáctica de la articulación de diferentes formas de intervención política—, el mapa no es exhaustivo, sino que presenta un recorte justificado. Por un lado detallamos diferentes mecanismos y estrategias de intervención mapeados en cada uno de los países de nuestra región, y por otro lado una serie de actores intervencionistas —militares, civiles, diplomáticos y económicos— con presencia hemisférica.

Realizamos también el recorte de un arco temporal que prioriza la última década del siglo XX y lo que va de este siglo XXI, proceso coincidente con la instalación del neoliberalismo en la región y con la mutación de las formas clásicas de la intervención imperial. Para un análisis en profundidad y para el análisis de caso de diferentes países, remitimos a los capítulos del propio libro. Además, como una forma de superar las limitaciones de espacio, podrán acceder a las referencias y fuentes detalladas escaneando el código QR puesto a su disposición.

A continuación mencionamos brevemente cada una de las categorías analíticas presentadas en el anverso del mapa. Recomendamos considerar estos mecanismos no como elementos estáticos ni como problemáticas meramente nacionales, sino como parte de una política imperialista concertada y hemisférica.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Intervencionismo «humanitario»

El intervencionismo «humanitario» consiste en una doctrina de intervención que se justifica en las presuntas necesidades humanitarias (migratorias, securitarias, alimentarias, etcétera) de los países periféricos y dependientes. Su principal —aunque no única— vía de concreción ha sido la organización de las llamadas «misiones de mantenimiento de paz» desplegadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y hasta por la OTAN. Principios como la «responsabilidad de proteger» o el de «no indiferencia» intentan socavar principios consagrados en el derecho internacional como los de soberanía y autodeterminación de las naciones. Detallamos aquí el caso de Haití, por ser el principal laboratorio de las misiones militares multilaterales, y de Venezuela, en carácter de intento fallido. Otras misiones se han desarrollado con resultados más ambivalentes en Centroamérica, mientras que otros ejercicios menores de intervencionismo humanitario se han dado en países como Belice, Santa Lucía o Jamaica.

Haití. El país ha sido receptor de nueve misiones (civiles, policiales, militares o mixtas) en las últimas tres décadas, ya sean de la OEA, la ONU u otros organismos. Tras ser considerado el país una «amenaza para la seguridad internacional», se produjo la más extensa y luctuosa de todas ellas: la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), con la participación de efectivos de tres continentes, entre ellos casi siete mil de origen latinoamericano. Su balance ha implicado pérdida de soberanía, reemplazo del Estado, militarización de territorios y poblaciones, asesinato de activistas, violencia sexual contra mujeres e infancias y la propagación de una epidemia de cólera.
Desde el año 2015, la narrativa dominante busca instalar la idea de una crisis humanitaria en el país para proceder a una intervención. En el año 2019, grupos irregulares intentaron penetrar territorio venezolano desde Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, con la excusa de la entrega de insumos humanitarios. En simultáneo, un concierto fue organizado en la frontera, que se reveló luego financiado por la NED. Dieron su apoyo al hecho los presidentes neoliberales de Chile, Colombia y Paraguay, así como el secretario general de la OEA.

Oenegeísmo colonial

Con este concepto nos referimos al uso de supuestas «organizaciones no gubernamentales» como parte de las estrategias «civiles» del intervencionismo, sea este de origen europeo o norteamericano. Es justamente por lo dudoso de su carácter civil y no gubernamental que diferentes analistas las han bautizado como ONGAT (Organizaciones No Gubernamentales de Alcance Trasnacional) o como «organizaciones gubernamentales», solo que relacionadas no a los gobiernos de sus países de inserción sino a las casas matrices de sus filiales euro-norteamericanas. La oenegización de la política y de la vida social ha sido incesante en las últimas tres décadas, aunque, como es evidente, no todas las ONG son parte de las estrategias intervencionistas (siendo muchas veces el caso exactamente contrario). Por eso priorizamos aquí reseñar los países donde la inserción de las ONG específicamente coloniales es mayor en términos absolutos y relativos, con la mayoría de ellas ligadas directa o indirectamente —aunque de manera encubierta— a organismos como la USAID, la CIA, la NED (National Endowment for Democracy) o la Comisión Europea.

Haití. País con mayor número de ONG por metro cuadrado. Diversas estimaciones hablan de entre diez mil y doce mil organizaciones en suelo haitiano. En particular, aquellas ligadas a la USAID y la Comisión Europea manejan recursos que superan varias veces los del propio Estado, sin ningún tipo de control político o financiero a su actividad. Su política ha acompañado en el ámbito civil la ocupación militar internacional de 2004-2019 y desestructurado y cooptado a diversas organizaciones populares.
Muchas de las ONG anticubanas ligadas a la CIA, el Departamento de Estado e incluso organizaciones terroristas operan directamente en territorio norteamericano (como el Centro Latinoamericano para la No Violencia). Otras lo hacen desde México (Investigación e Innovación Factual A.C.), Argentina (como la ONG Cadal) y otros países. Entre 1997 y 2018, el Programa Cuba de la USAID aprobó y financió novecientos proyectos y actividades destinadas a socavar el sistema socialista cubano.
En 2018, un intento de «revolución de color» recibe el apoyo y el financiamiento de la NED y la USAID a través de ONG locales y partidos de oposición. Algunas de ellas son el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dirigida por uno de los gestores de la tentativa de golpe, la ONG Hagamos Democracia y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En agosto de 2021 el gobierno canceló los permisos de seis ONG extranjeras por incumplimiento de sus obligaciones legales y financieras.
Diversas ONG como Súmate, Humano y Libre, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Control Ciudadano y Provea reciben financiamiento de la NED, Freedom House, Open Society, la Fundación Ford y la embajada británica. Los fondos han sido canalizados en campañas contra la autoridad electoral, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia o para financiar las guarimbas (versión local de las «revoluciones de colores»).
Al menos seiscientas ONG internacionales desplegadas en todo el territorio, con particular incidencia en el Oriente boliviano. En 2013 Evo Morales decidió expulsar a la USAID, acusada de conspiración e injerencia en los asuntos internos del país. Desde la década de 1980, numerosas ONG vinculadas a los movimientos indígenas reciben financiamiento de la USAID y de la Fundación Ford.

Conglomerados mediáticos

Si bien en todas las épocas la información ha sido parte consustancial de la guerra y las políticas injerencistas, en esta etapa, debido a la concentración facilitada por las políticas neoliberales y por los gobiernos militares de las últimas décadas del siglo XX, el rol de los medios masivos de comunicación es decisivo. A ellos debe agregarse la emergencia relativamente reciente de las llamadas «redes sociales» y su influencia capilar en la sociedad, la política y la geopolítica de la región. En este apartado destacamos a medios puntuales, a ciertos conglomerados mediáticos, o a grupos empresariales diversificados con inversión en este rubro, ya sean de capitales estadounidenses, españoles o latinoamericanos. Algunos están vinculados de forma orgánica a la política exterior de Estados Unidos y reciben financiamiento a través de organismos intervencionistas como la NED, mientras que otros tendrán una relación más indirecta con aquella nación, o más cercana sus respectivas élites locales, también ellas vinculadas a su modo a las élites capitalistas globales. Incluimos aquí a diarios impresos y digitales, revistas, radios, televisoras, empresas de telefonía, proveedores de internet, plataformas de streaming, editoriales y redes sociales, entre otros.

Albavisión. Conglomerado con presencia en 16 países de América Latina y el Caribe, con más de quinientos canales y medios de comunicación, propiedad del empresario guatemalteco Remigio Ángel González.
Grupo Globo. Principal multimedios brasileño, con inversiones también en proyectos inmobiliarios. Controla alrededor del 40 por ciento del mercado local y es propietario de los diarios Folha de Sao Paulo y Estado de Sao Paulo, así como de revistas, editoriales y emisoras. El diario O Globo, origen del grupo, apoyó abiertamente el golpe de Estado de 1964, mientras que el holding tuvo una participación decisiva en el golpe a Dilma Rousseff en el 2016 y en el proceso de lawfare contra Lula da Silva.
Grupo Televisa. Empresa de medios de comunicación de México, el país con mayor concentración a nivel mundial, propietario de televisoras, cine, internet, radio, medios gráficos y otros servicios. Andrés Manuel López Obrador acusó a Televisa de ser parte del fraude electoral que impidió su victoria en el año 2006.
Grupo Clarín. Principal multimedios de la Argentina, propietario del diario Clarín, el periódico de mayor tirada en la región. Durante la dictadura cívico-militar de 1976 participó de la apropiación ilegal de la papelera Papel Prensa. Las medidas neoliberales del presidente Carlos Menem permitieron su expansión hacia el mercado radial, audiovisual y de provisión de internet. Fue el principal opositor a la progresiva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), por la que se enfrentó duramente a los gobiernos de Cristina Kirchner.
Grupo Prisa. Conglomerado multimediático español con gran presencia en Latinoamérica, propietario del diario El País, la editorial Santillana y de más de 1250 emisoras radiales en países de América del Sur y América Central.
Telefónica. Grupo económico dedicado a la información y la comunicación de capitales mayoritariamente españoles, con presencia en casi todos los países de América Latina. Su expansión en la región, de donde proviene la mayor parte de sus ingresos globales, se debió al proceso neoliberal de privatización de las empresas telefónicas nacionales.
Telmex. Empresa de telecomunicaciones mexicana propiedad de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del planeta. Telmex se expandió desde la telefonía hacia el servicio de internet y televisión por cable, con presencia en toda la región, con las excepciones de Bolivia y Venezuela.
Revista Semana. Revista semanal colombiana, propiedad desde el 2020 de Gilinski Group, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. En los últimos años la revista ha cobrado notoriedad regional por su participación en diferentes operaciones de prensa ligadas a la política de seguridad del uribismo y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
CNN en español. Versión hispanohablante del canal estadounidense CNN, dirigido al público latinoamericano, caribeño e hispanohablante en los Estados Unidos. Su línea editorial ha sido particularmente virulenta contra los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. La señal ha sido acusada en reiteradas oportunidades de «desinformación», «manipulación informativa» y «propaganda de guerra», destacando su cobertura favorable a las llamadas «guarimbas» contra el gobierno de Hugo Chávez en el año 2014.
Diario digital del Grupo Infobae, propiedad del empresario Daniel Hadad. Es el medio digital más leído de la región, con oficinas en Buenos Aires, Ciudad de México y Miami. Su línea editorial está estrechamente vinculada al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El Mercurio. Tradicional diario chileno, propiedad del Grupo Edwards. Fue parte activa y beneficiaria de la instalación del modelo neoliberal durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según un informe presentado al Senado de los Estados Unidos en 1975, El Mercurio recibió de la CIA más de un millón y medio de dólares para la preparación ideológica del golpe de estado contra Salvador Allende.
Meta. Conglomerado de tecnología y redes sociales del magnate Mark Zuckerberg. Meta es la propietaria de las redes sociales más populares de la región, Facebook e Instagram, y también de WhatsApp, el canal de mensajería más utilizado. La empresa enfrenta varias acusaciones y juicios por violación de la privacidad, persimividad ante los discursos de odio y las fake news, como también por priorizar el lucro por sobre la salud de sus usuarios.
Univisión. Es uno de los principales conglomerados de información y entretenimiento de EE. UU. y el más grande en español. Incluye el canal de televisión homónimo e inversiones en otros rubros como estaciones de TV, disqueras, productoras de contenidos, servicio de internet y servicios de TV por cable, entre otros. Actualmente es propiedad mayoritaria del Grupo Televisa, con el que se encuentra en proceso de fusión.

Fundamentalismo religioso

Señamos aquí hechos más cualitativos que cuantitativos: la incidencia política del fundamentalismo religioso —sea católico, protestante histórico o neopentecostal— y su articulación con fuerzas conservadoras alineadas con la política intervencionista regional y con vínculos con la derecha neoconservadora norteamericana. Vale la pena resaltar lo obvio: religión y fundamentalismo no son términos equivalentes. Tampoco podemos deducir del fundamentalismo, de forma lineal, un compromiso con la geopolítica imperial. Sin embargo podemos señalar afinidades ideológicas y convergencias poĺiticas, considerando que el crecimiento exponencial —en número y en proyecto político— de los fundamentalismos es uno de los fenómenos más relevantes de América Latina y el Caribe en las últimas décadas.

Crecimiento exponencial de grupos neopentecostales vinculados a la teología de la prosperidad durante el llamado «período especial» en la década de 1990 y recrudecimiento del conservadurismo de algunas iglesias históricas. En 2019, cinco iglesias de diversas denominaciones se oponen al articulado del proyecto de nueva Constitución, en particular a contenidos vinculados a educación y sexualidad.
Se trata de uno de los países con mayor cantidad relativa de creyentes evangélicos (más de un cuarenta por ciento de la población). Su influencia y poder permitió la elección del teólogo Jimmy Morales como presidente del país por parte del derechista Frente de Convergencia Nacional.
Costa Rica. El predicador evangélico Fabricio Alvarado llega a segunda vuelta. Con un discurso contrario a los derechos sexuales y reproductivos, obtuvo un 33 por ciento de los votos.
Bajo la retórica de un enfrentamiento contra la dictadura «castro-chavista-homosexual», católicos conservadores y sectores neopentecostales impulsan el «No» en el plebiscito por el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC. Su apoyo resultó luego decisivo en la victoria del uribista Iván Duque en 2018.
País con mayor cantidad de evangélicos en términos absolutos (entre 42 y 70 millones, según diversas estimaciones). La poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios y el setenta por ciento de este segmento apoyó la candidatura de Jair Bolsonaro. Participación de calvinistas —protestantes históricos— en ministerios y otros importantes puestos de gobierno.
En apoyo a Fernando Camacho, Jeanine Áñez y el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, se produce una articulación de católicos conservadores y neopentecostales. Los símbolos cristianos desplazan a los de los pueblos indígenas.
Con un universo evangélico heterogéneo, el país cuenta con el mayor porcentaje de creyentes de estas congregaciones en el Cono Sur. Tras una extensa relación de colaboración con Sebastián Piñera, sectores desencantados vuelcan su apoyo a la agenda moral conservadora de José Antonio Kast.

Golpes de Estado

En esta categoría incluimos los golpes o las tentativas de golpe contra los gobiernos de Estados soberanos que EE. UU. considera como adversarios. Mencionamos golpes de tipo militar, policial, civil, judicial, parlamentario o híbridos, en un recorte temporal que considera apenas las últimas dos décadas. En todos los casos, los gobiernos militares o civiles surgidos de dichos golpes han sido reconocidos o respaldados por la OEA, Estados Unidos y sus aliados europeos.

Golpe de Estado en abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez Frías, revertido a las 48hs por la movilización popular y de sectores leales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Haití. Golpe militar que en febrero del año 2004 depuso al gobierno de Jean-Bertrand Aristide y posterior invasión de una fuerza militar multilateral compuesta por los EE. UU., Francia y Canadá.
Golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya en el año 2009, como represalia por su acercamiento al ALBA creado por Hugo Chávez y Fidel Castro.
Asonada policial con apoyo militar producida en septiembre de 2010 contra el gobierno de Rafael Correa. El ex presidente fue herido y retenido por los sublevados hasta su rescate por una fuerza élite.
Golpe de Estado parlamentario y destitución del ex presidente Fernando Lugo en 2012, por la presunta y luego desmentida vinculación con la masacre de Curuguaty.
Golpe parlamentario-judicial en el año 2016 contra la ex presidente Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores.
Golpe híbrido (cívico-militar-policial-judicial-parlamentario) en el año 2019. Derrocamiento de Evo Morales tras las falsas acusaciones de fraude avaladas por la OEA.

Bases militares y procesos de militarización

Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —que incluye a naciones europeas con colonias o semicolonias en la región— tienen desplegadas alrededor de setenta bases militares en América Latina y el Caribe. Cabe destacar que, tanto a nivel regional como global, debemos considerar no solo las bases oficiales y declaradas, sino también aquellas infraestructuras secretas de las que se tiene algún tipo de registro de su existencia o actividad, así como también aquellas bases de terceros países controladas e instrumentalizadas por las grandes potencias occidentales. De forma complementaria, consideramos aquí los procesos de militarización y los ejercicios militares más representativos, desplegados en territorios con o sin bases, justificados invariablemente por operaciones antinarcóticos, «antiterroristas», «humanitarias», de control migratorio o de cooperación militar.

En tierra marcamos bases y procesos, mientras que señalamos los ejercicios militares en el Atlántico Sur, el Pacífico y el Mar Caribe.

México. Iniciativa Mérida, plan de seguridad regional para México y Centroamérica. Militarización estadounidense de la frontera México-Estados Unidos.
Cuba. Base Naval de Guantánamo (Caimanera), establecida en 1898. Como centro de detención ilegal fue utilizado para la reclusión y tortura de migrantes caribeños (balseros) y luego para miembros de organizaciones islámicas.
Haití. Militarización post-terremoto de 2010. Desembarco de veinte mil marines y control del aeropuerto internacional.
Puerto Rico. País con la mayor cantidad de bases por metro cuadrado: un total de doce. Control caribeño y reaseguramiento del estatus colonial de la isla.
Bases de Puerto Lempira y Soto Cano, desde la que se organizó el golpe del 2009. Proceso de remilitarización post golpe.
Costa Rica. Militarización desde el año 2010, incluyendo el despliegue de 46 buques y siete mil soldados en el marco de la política antinarcóticos norteamericana.
Panamá. Creación, a iniciativa del Comando Sur, del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN). Entrenamiento, asistencia y remilitarización de la estratégica zona del Canal ante la competencia presentada por China en la región.
Aruba y Curaçao. Utilización de los Aeropuertos Internacionales de Hato y Reina Beatrix que permiten el rápido despliegue de operaciones contra Venezuela y Cuba.
Colombia. Nueve bases militares y despliegue del Plan Colombia en el marco de una presunta política antinarcóticos (1999 a la actualidad). Militarización de la frontera colombo-venezolana.
Guyana. El país es territorio de realización de ejercicios de vigilancia y cooperación militar, lo que incluyó la realización en 2021 de los ejercicios Tradewinds organizados por el Comando Sur. Guyana sostiene con Venezuela un diferendo territorial por el Esequibo, región de casi 160 mil km2 que contiene importantes recursos minerales y energéticos.
Guayana Francesa. Centro Espacial Guayanés (Kourou), utilizado para el lanzamiento de satélites de la Unión Europea. Fue denunciada localmente la instalación de radares para la vigilancia de Venezuela y otras naciones vecinas. Presencia de 2100 efectivos.
Brasil. Centro de Lanzamiento de Alcántara. Se trata de una de las bases aeroespaciales con mejor ubicación. En 2019 Bolsonaro firmó con Trump un acuerdo para su uso conjunto entre Brasil y Estados Unidos.
Perú. Nueve bases militares, entre ellas la Base Aérea de Santa Clara, en Iquitos, central para la vigilancia de la gran reserva de recursos naturales y biodiversidad del Amazonas.
Militarización de la triple frontera con Argentina y Brasil justificada en la presunta existencia de células terroristas islámicas en la región. Control de las reservas hídricas del Acuífero Guaraní.
Argentina. Base militar de Mount Pleasant en las Islas Malvinas bajo ocupación británica. Ejercicios militares de la Royal Navy y la Royal Air Force en el Atlántico Sur, zona rica en recursos hidrocarburíferos y pesqueros. Cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos.

Paramilitarismo

El paramilitarismo es un fenómeno de delegación de funciones militares y represivas en organizaciones no estatales que actúan al margen de la ley, que cumplen así con tareas legalmente vedadas a las fuerzas de seguridad pública. Existen diferentes tipos de paramilitarismo: el rural o hacendatario vinculado a los grupos de autodefensa privados organizados por los propietarios rurales frente a las demandas de campesinos y campesinas sin tierra; uno de carácter urbano y delincuencial, que opera en vinculación con la criminalidad y el narcotráfico para el control de territorios en las grandes periferias populares; otro más estrechamente vinculado a las estrategias contrainsurgentes de los Estados Unidos y sus aliados en la región, como complemento de la acción punitiva estatal en su guerra contra organizaciones guerrilleras y político militares. Y existen también combinaciones diversas de todos ellos. Mencionamos aquí algunos de los países donde el paramilitarismo tiene mayor desarrollo, capacidad operativa e influencia (llegando incluso a controlar el poder del Estado o de regiones enteras), así como mencionamos algunas de sus organizaciones más características.

Haití. Coincidente con la infiltración probada de contratistas y ex marines norteamericanos en el país, comenzó la organización de una federación de pandillas armadas de la capital Puerto Príncipe conocida como el G9, liderada por Jimmy «Barbecue» Cherizier. Las bandas del G9 aterrorizan a los barrios populares más organizados y contestatarios, perpetran masacres, desbaratan la organización popular, organizan secuestros e inducen la desmovilización de las protestas antineoliberales y anticoloniales. El fenómeno hunde también sus raíces en la ocupación internacional de la MINUSTAH, la desestructuración del tejido social y el tráfico de armas organizado por los Cascos Azules.
México. El paramilitarismo en México tiene varios rostros. Por un lado el de grupos delincuenciales organizados como el célebre Cártel de los Zetas. A diferencia de Colombia, los vínculos entre el paramilitarismo y el Estado no son tan evidentes, dado que no existe allí el factor guerrillero. También, como fenómeno más incipiente, la organización de grupos de seguridad privada por parte de propietarios rurales. Y, en tercer lugar, los grupos paramilitares organizados contra los pueblos indígenas tras la insurrección zapatista en Chiapas en 1994, coludidos con las fuerzas de seguridad pública. Algunas de las organizaciones más emblemáticas son «Paz y Justicia» y «Los Chinchulines».
Honduras. El país es uno de los más peligrosos para ambientalistas y defensores de derechos humanos del mundo, sobre todo de quienes se oponen a proyectos agroindustriales, turísticos, mineros o hidroeléctricos de capitales transnacionales. Se trata de actores securitarios públicos y privados, sicarios, pandilleros y grupos armados que intimidan, desplazan o asesinan a miembros de las comunidades campesinas e indígenas. Organizaciones como las del pueblo garífuna o aquellas indígenas socioambientales como el COPINH han sido sus principales vícitmas, siendo el crimen más emblemático el asesinato de Bérta Cáceres.
Colombia. El país tiene una larga tradición de paramilitarismo de tipo conservador y hacendatario, que va desde la emergencia de los llamados «chulavitas» en el marco de la violencia entre liberales y conservadores, hasta la organización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las zonas rurales, así como de grupos securitarios legalizados a través de las llamadas «Convivir» durante la presidencia de Álvaro Uribe. En la actualidad, la organización paramilitar y narcotraficante más importante y estructurada es el llamado Clan del Golfo, con cerca de cuatro mil integrantes y alrededor de 560 redes criminales. Otras organizaciones, como Los Rastrojos, tienen una actuación destacada en la frontera colombo-venezolana.
Los ataques con grupos irregulares se integraron a la estrategia de agresión de los EE. UU., con Colombia operando como «Estado proxy». Entre esas acciones destaca la Operación Daktari, desmantelada en 2004 poco antes del ataque al palacio presidencial; la participación de grupos irregulares durante las guarimbas de 2014 y 2017; los operativos comandados por el expolicía Oscar Pérez en 2017; el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018 y la Operación Gedeón, en 2020. Varias de estas operaciones coincidieron con la activación de grupos criminales ligados al hampa «común» —como el liderado por «El Koki»—, que en 2021 se enfrentaron con las fuerzas del Estado en su intento por tomar zonas populares estratégicas en la periferia de Caracas.
Brasil. Las llamadas «milicias» son organizaciones criminales y paramilitares, comandadas e integradas por ex policías y ex militares, muchas de ellas originadas en los escuadrones de la muerte de la dictadura militar. Es el caso de la Oficina del Crimen del fallecido ex capitán de policía Adriano Magalhaes de Nóbrega. Estas organizaciones ostentan un gran desarrollo y control territorial en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, aunque han comenzado su expansión hacia el interior del país. Las milicias han sostenido una relación estrecha con la familia Bolsonaro, cuentan con sus propios representantes en el Parlamento y han sido sindicadas como responsables del asesinato de Marielle Franco.
Bolivia. En el proceso que desembocó en el golpe de Estado de 2019 se utilizaron fuerzas de seguridad articuladas con grupos paraestatales. Las principales organizaciones paramilitares actuaron en coordinación con los llamados «comités cívicos», que aglutinan a empresarios y políticos opositores al Proceso de Cambio liderado por el MAS-IPSP. Algunas de estas fuerzas son de larga data, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Otras surgieron en los últimos años, como el grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cuyo papel fue clave en las protestas previas al golpe, realizando actos violentos contra dirigentes del MAS y periodistas. En 2021 el Comité contra la Tortura de la ONU calificó a ambos grupos como «paramilitares».
Desde la década de 1990, y en respuesta a la organización de las comunidades mapuche de la Araucanía, comenzaron a formarse grupos de «autodefensa rural» frente a las acciones de recuperación de tierras. Es el caso del Comando Héctor Trizano (CHT), presuntamente reorganizado en el año 2009, ligado a latifundistas y parceleros de las grandes empresas forestales. Pueblos indígenas denuncian además su connivencia con el Comando Jungla de Carabineros y con el propio Estado chileno.

Guerra económica

Los mecanismos de guerra económica son algunas de las modalidades más viejas de las políticas de intervención imperial. Pero, al igual que los demás, han mutado profundamente en las últimas décadas, en consonancia con la creciente financiarización de la economía y con las nuevas doctrinas de la guerra híbrida. Incluimos aquí tres submodalidades de guerra económica, cuyo objetivo común es llevar a las poblaciones objetivo a un umbral desconocido de dolor y propiciar así el mentado «cambio de régimen»: las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) conocidas, con cierta imprecisión, como «sanciones»; el robo de activos, una suerte de piratería financiera del siglo XXI; y los ataques sistemáticos a las monedas nacionales, que han inducido su depreciación y el fenómeno de la hiperinflación. Si bien los mecanismos de presión y chantaje económico son una realidad a la que no escapa ningún país de nuestra región —considerando por ejemplo la relación de subordinación operada por los organismos financieros multilaterales como el FMI a través de las respectivas deudas externas de cada nación—, decidimos concentrarnos en los mecanismos declarados y más virulentos de guerra económica contra los tres países que conforman, según el Departamento de Estado, el «eje del mal».

Venezuela. Principal objetivo contemporáneo de la guerra económica y las MCU. Esta política se generalizó a partir de que el gobierno de EE. UU. —en 2015, durante la Administración Obama— declaró oficialmente a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» a su seguridad nacional. Entre 2016 y 2019, implicó una pérdida de 194 mil millones de dólares, vinculada a los activos venezolanos en el exterior bloqueados o robados; a la merma de la producción resultado del bloqueo y los ataques a PDVSA la industria petrolera; y a la hiperinflación inducida del bolívar.
Cuba. Se trata sin dudas de la guerra económica más antigua de la región, con más de seis décadas de bloqueo y embargo comercial extraterritorial, desde que John F. Kennedy decretara el fin de todo vínculo comercial con Cuba y la intención de derrocar a la Revolución. La política de bloqueo se profundizó en 1996 con la ley Helms Burton, y luego en 2019 durante la presidencia de Donald Turmp, con la aplicación de algunos artículos en desuso de aquella legislación.
Nicaragua. Tras un ciclo de desestabilización comenzado en abril de 2018, y en el marco de la asunción de Daniel Ortega en su quinto mandato presidencial, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea anunciaron una ronda de sanciones contra la familia Ortega, altos funcionarios, personal del ejército y empresas nacionales, lo que incluye congelamiento de activos y restricciones para viajar al exterior.

Lawfare (guerra judicial)

El lawfare, como mecanismo de guerra política por vía judicial, busca criminalizar, perseguir, encarcelar, proscribir, desmovilizar y desmoralizar a los adversarios a las políticas neoliberales y neocoloniales, convirtiéndose en una de las formas más novedosas (y también más utilizadas) del intervencionismo contemporáneo. Con un afán más pedagógico que exhaustivo, señalamos aquí los casos más emblemáticos y resonados de persecución a presidentes, ex presidentes y líderes y lideresas de movimientos populares de la región.

Argentina. Persecución político-judicial y encarcelamiento de algunos de los principales dirigentes políticos del kirchnerismo; encarcelamiento de la líder social Milagro Sala y desmantelamiento de la organización Tupac Amaru (2015).
Juicio político y destitución parlamentaria del ex presidente Fernando Lugo (2012) con la excusa de la masacre de Curuguaty, así como denuncia y persecución de senadores, diputados, ministros y militantes del Frente Guasú.
Brasil. Proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff (2015-2016) y prisión y proscripción de la candidatura de Lula da Silva con motivo de las investigaciones del caso Lava Jato (2018).
Perú. Condena al gobernador de Puno Walter Aduviri por un levantamiento popular antiminero y destitución de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y ex gobernador de Junín (2019).
Proscripción del ex presidente Rafael Correa y persecución o encarcelamiento de algunos de los principales dirigentes del correísmo (2017), como la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el vicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta Virgilio Hernández.
El Salvador. Campaña judicial y política del gobierno de Nayib Bukele contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); procesos contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros funcionarios de su gobierno; destitución ilegal de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (2019).

ORGANISMOS INTERVENCIONISTAS CON PRESENCIA HEMISFÉRICA

Militares:

Comando Sur: En contradicción con el principio de soberanía, EE. UU. ha establecido como natural la intervención militar fuera de su territorio, al punto que la mitad de los comandos en que están organizadas sus fuerzas armadas tienen como área de actuación el territorio de otros estados soberanos y sus regiones circundantes. Estos son el Comando «Africano» , el Comando «Central» —se ocupa de Asia Central y Asia Occidental—, el Comando «Europeo», el Comando «Pacífico» y el Comando «Sur». Con sede en Miami, este último atiende América Central, el Caribe —con excepción de los territorios coloniales de EE. UU.— y América del Sur. Es el organismo que coordina todas las acciones militares, que en esta etapa se extiende especialmente a mecanismos de «guerra híbrida», que usan la fuerza militar en base a excusas de tipo humanitario, como la supuesta lucha de guerra «contra las drogas», contra «el terrorismo» e incluso ante catástrofes climáticas. Además de las bases y los ejercicios militares conjuntos, el Comando Sur es responsable por dos elementos clave: por un lado, el patrullaje de la Cuarta Flota, reactivada en 2008 luego de décadas; por otro, la formación de fuerzas armadas de los países del continente a través de la Escuela de las Américas, que funcionó primero en Panamá, luego fue relocalizada en Fort Benning (Georgia, EE. UU.) y a partir de 2001 fue renombrada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

DEA (Drug Enforcement Administration): la Administración para el Control de Drogas es un organismo de acción extraterritorial que depende del Departamento de Justicia de EE. UU., aunque por sus características y por los propios rasgos de la etapa que ya describimos, tiene una fuerte coordinación con el Departamento de Estado (la cancillería, o ministerio de Relaciones Exteriores), con el Comando Sur y la Central de Inteligencia (CIA).

CIA (Central Intelligence Agency): con un largo historial de asesinatos, golpes de Estado y operaciones encubiertas de todo tipo, la Agencia Central de Inteligencia opera en todos los países del mundo articulada a la estrategia de política exterior de EE. UU.

«Civiles»:

USAID (US Agency for International Development): la agencia de EE. UU. para el Desarrollo es el principal organismo encargado de proveer de «asistencia» a ONG y otras organizaciones alineadas con EE. UU. bajo la fachada «humanitaria» y de defensa de la democracia y los derechos humanos.

NED (National Endowment for Democracy): de características similares a la USAID, aunque enfocada en promover la»democracia», esta Fundación Nacional por la Democracia canaliza fondos para los opositores políticos a gobiernos que EE. UU. considera adversarios.

SIP (Sociedad Interamericana de Prensa): articula a los dueños de los principales medios de comunicación del continente. Bajo la supuesta defensa de la «libertad de prensa», articula los intereses de las empresas, en particular frente a intentos por democratizar el concentrado ecosistema de medios.

Diplomáticos:

OEA (Organización de Estados Americanos): creada en 1948, a la salida de la II Guerra Mundial, es la reformulación del espacio de las Conferencias Panamericanas (1889-1954) y sus organismos —Oficina comercial de las Repúblicas Americanas(1890-1902) Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas (1902-1910) y Unión Americana (1910-1948). Es el espacio privilegiado para la articulación de gobiernos aliados a EE. UU y sobre todo, para el acoso a los Estados y formaciones políticas que luchan por transformaciones sociales en sus países y en el continente.

Grupo de Lima: Para coordinar explícitamente el ataque a la soberanía de Venezuela, considerado el blanco principal en esta etapa, y ante la imposibilidad de sumar un respaldo mayoritario dentro de la propia OEA, los gobiernos de derecha de todo el continente formaron en agosto de 2017 el Grupo de Lima. En los hechos, este espacio se convirtió en el ámbito de conducción del bloque al servicio de EE. UU. Si nos atenemos a sus efectos, existe la posibilidad de considerar al Grupo de Lima una verdadera asociación ilícita, por cuanto sirvió esencialmente para coordinar las iniciativas de los gobiernos derechistas contra gobiernos constitucionales de otros Estados. Entre otros episodios destacados pueden incluirse la participación en el intento de violación territorial de Venezuela en febrero de 2019 —con la célebre «ayuda humanitaria» de la USAID— y el apoyo diplomático e incluso material al golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019. Esto último cobró notoriedad cuando se descubrió el envío de material bélico por parte de los gobiernos de Mauricio Macri (Argentina) y de Lenín Moreno (Ecuador) a la dictadura encabezada por Jeanine Áñez. La magnitud e intensidad del despliegue, así como sus objetivos y efectos prácticos, traen al recuerdo la implementación del Plan Cóndor durante las décadas de 1960 y 1970 y habilitan a considerar la coordinación entre EE. UU. y sus gobiernos aliados en esta época como un nuevo Plan Cóndor, más difuso pero no por ello menos intervencionista.

Prosur: en marzo de 2019 los entonces gobiernos de Argentina (Macri), Brasil (Bolsonaro), Chile (Piñera), Colombia (Duque), Ecuador (Moreno), Paraguay (Abdo Benítez) y Perú (Vizcarra) crearon el Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (Prosur), un espacio surgido de la afinidad política. Luego se sumó Guyana (Granger). Esto se dio en el contexto de vaciamiento de Unasur: entre 2018 y 2020, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay anunciaron que suspendían la participación en el organismo.

Económicos:

FMI: el Fondo Monetario Internacional es una organización surgida de los acuerdos de Breton Woods, que reorganizaron el mundo al final de la II Guerra Mundial. Es un organismo internacional con participación no igualitaria: cada país tiene un determinado poder de voto dentro del organismo. Estados Unidos posee el 16,74% de los votos, lo que le otorga de hecho poder de veto, porque las decisiones más importantes exigen una mayoría del 85%. América Latina y el Caribe en su conjunto está dividido en cuatro bloques que si se sumaran llegarían a un porcentaje del 12,44%. Su función teórica es asistir financieramente a los Estados que lo necesitan y evitar los desequilibrios y las crisis financieras, objetivo que es evidente que no ha podido lograr al menos en el último medio siglo. Más bien, su enfoque neoliberal y exigencias de recorte de la inversión social, liberalización financiera y el retiro del Estado de la regulación económica han agravado las crisis en perjuicio de la mayoría de la población y en beneficio de las empresas trasnacionales, en línea con la política exterior de los grandes países capitalistas.

Banco Mundial: también surgido en los Acuerdos de Bretton Woods, el Banco Mundial, según su propia visión, «trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida». De esta manera apoya proyectos de diferentes tipo en el plano económico y social, aunque su financiamiento, al igual que el FMI, está sujeto a condiciones que afectan la soberanía de los países.

BID: El Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, Inter-American Development Bank) es, según su sitio web, «la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El grupo ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del privado. De igual manera que las otras organizaciones internacionales controladas por EE. UU. su acción está enfocada al desarrollo de proyectos desde una perspectiva neoliberal, que favorece principalmente a corporaciones privadas y en ocasiones afecta gravemente la situación de las poblaciones, como en el caso de proyectos extractivos vinculados a la energía. El grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos durante sesenta años; BID Invest, que colabora con el sector privado y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo». Está formado por 26 Estados miembros «prestatarios» de América Latina y el Caribe, que pueden recibir financiamiento del BID, y por 22 integrantes «no prestatarios» —EE. UU., Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Francia, España, Israel, Corea y China, entre otros—, que no pueden recibir fondos pero pueden suministrar bienes y servicios a los proyectos financiados por el banco. En 2021 EE. UU. —todavía bajo gobierno de Donald Trump— rompió una tradición del banco e impuso con el voto de sus aliados a Mauricio Claver-Carone.

Fuentes