Entrevista a Adrián Piva, Doctor en Ciencias Sociales (UNQ), autor de “Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista” (2012) y “Economía y política en la Argentina kirchnerista” (2015).

EZ.- ¿Existe un programa unificado del capital, a nivel internacional, respecto de las relaciones laborales y sindicales? ¿Qué aspectos de esta fase de la mundialización lo motivan y cuáles lo vuelven factible? ¿Qué especificidad guarda el caso de Brasil? ¿Es comparable con el argentino?

AP.- Hacía muchos años, desde los 80-90 cuando la burguesía a nivel mundial avanzó en un proceso de reestructuración del capital y del Estado, que no se asistia a la unificación de un programa económico y político con diversas expresiones en distintas partes del mundo. El trípode de reforma fiscal-previsional-laboral lo encontramos en casi todos los países de Europa y varios países de América Latina. Las condiciones que lo producen son diversas. Indudablemente la crisis del 2008 expresó problemas  de regulación y coordinación a nivel mundial, ya que el grado de internacionalización productiva sobre todo, pero también financiera y comercial no tuvo su correlato en las expresiones político-institucionales, ni siquiera a nivel regional. El caso de la Unión Europea, uno de los epicentros de la crisis, es elocuente ya que todavía sigue habiendo tensiones derivadas de la crisis (Brexit, por ejemplo).

Concretamente, la reforma laboral ensayada por Alemania en el 2002 fue tomada como modelo para el bloque europeo siendo impuesta como respuesta a la crisis del 2008 en Grecia, Italia, España y Francia. Por otra parte la reforma previsional aparece ligada al frente fiscal y por ello se entrelaza con la reforma impositiva.

Los organismos financieros internacionales,  sobre todo el FMI, han hecho una bandera de estos tres ejes, recomendándolas o imponiéndolas en cada país que atraviesa problemas de competitividad conjuntamente con problemas fiscales. Esta unificación de un programa global como respuesta frente a  problemas en apariencia nacionales es la expresión de una respuesta capitalista que presenta mayores niveles de coordinación.

El caso de la reforma laboral en Alemania tiene, de alguna manera, una similitud con el caso brasileño. Ambos casos, a nivel regional, operan como factores de presión para que los países vecinos desregulen las relaciones laborales, ajusten el gasto público y modifiquen las estructuras impositivas. Es decir, que el grado de internacionalización de las estructuras productivas, comerciales y financieras, posibilitadas por la continua transnacionalización del capital, sumado a los problemas de competitividad  que afrontan los países de ambas regiones funciona como una correa de transmisión de la ofensiva del capital.

Estas condiciones otorgan al capital una capacidad de chantaje sobre los estados, para presionar por reformas favorables a su propia reproducción. La rápida circulación y volatilidad de los capitales posibilitan esta extorsión.

Lógicamente, los casos concretos son diferentes y las condiciones de posibilidad están marcadas por las diversas condiciones que esta ofensiva enfrenta. Las diferencias entre las reformas que se concretaron en algunos países y las que se proponen para otros dependen, en gran medida de las capacidades de cada Estado para imponerlas, de las estructuras productivas de cada territorio y sobre todo, de la capacidad de resistencia de la clase trabajadora.

En el caso de Brasil la clase obrera ha sido, históricamente, débil. A diferencia del caso argentino, la clase trabajadora no ha mostrado capacidad suficiente para bloquear una ofensiva del capital, en el pasado y tampoco ahora. Recordemos que, incluso desde el primer peronismo con el Congreso de la Productividad (1955) los trabajadores y las trabajadoras argentinas tuvieron una importante capacidad de bloqueo frente a las demandas de la patronal (aumento de la productividad, rebaja de salarios, pérdida de derechos). La ofensiva en Brasil con la reforma laboral fue brutal, avanzó frontalmente contra casi todos los derechos laborales sin mediar negociación alguna con las expresiones organizadas de la clase trabajadora. La huelga general se mostró totalmente impotente para impedir la reforma. Todo, además, con un gobierno con índices bajísimos de popularidad, producto del desplazamiento de Dilma Roussef por una élite política desacreditada.

En el caso de Argentina, la organización de la clase trabajadora es mucho  mayor. En el año 2016 los índices de conflictividad laboral fueron realmente muy altos (los mayores  desde 2006 según el ministerio de trabajo). Es decir, no estamos ante un escenario de pasividad de los trabajadores; no parecen estar dispuestos a aceptar, una reforma profunda. No obstante ello, la CGT mostró voluntad de negociar una reforma. Pero no existen elementos que permitan  pensar que estén dispuestos a ceder en aspectos que son estructurantes de su poder. Por ejemplo, la posibilidad de que las negociaciones colectivas de empresa puedan modificar derechos contenidos en los convenios colectivos de actividad, es decir negociados por la dirección nacional del sindicato; la ultraactividad de los convenios, es decir que la vigencia temporal de los convenios colectivos termina recién cuando se negocia uno nuevo, y no cuando termina el plazo, lo que otorga poder a los sindicatos que deciden cuándo sentarse a negociar uno nuevo; son algunos de los aspectos que no creo que estén en discusión. Esto no significa que no se negocien convenios, incluso a la baja, es decir que impliquen una pérdida de derechos.

Respecto del borrador que hizo circular el gobierno, son muchos los aspectos que objetivamente me parecen inviables; el régimen de indemnizaciones, la redefinición del concepto de “trabajo”, entre otras. Esto tampoco quiere decir que no vaya haber reforma laboral, sino que va ser distinta a la brasileña.

EZ.- ¿Qué problemas estructurales aquejan a la economía argentina y por qué la reforma laboral es uno de los objetivos principales de Cambiemos? ¿Cuáles son los sectores de la estructura productiva argentina que le interesan al gobierno para avanzar con una flexibilización de las relaciones laborales? ¿De qué manera operaron las transformaciones de este tipo que se dieron en los 90′ y qué consecuencias pueden esperarse ahora?

AP.- Argentina atravesó un proceso de reestructuración productiva en la década de los ´90 y sobre ese proceso se desarrolló el ciclo de crecimiento posconvertibilidad, un crecimiento predominantemente capital extensivo, es decir que no tuvo fundamento en la renovación de los bienes de capital ni de la tecnología existente, por lo tanto existen indicios de que hoy un proceso de crecimiento sostenido, requiere de algún grado de reestructuración, una renovación del capital más o menos importante. Esto da cierto crédito a las intenciones del gobierno de fundamentar un proceso de crecimiento productivo sobre la base de inversión y no sobre consumo interno. La estrategia es capital intensiva, que requiere entre otras cosas, la reorganización de los procesos de trabajo y, para ello, debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo. La reforma laboral se inscribe en éste paradigma, es decir es una condición de posibilidad para que el capital aumente las tasas de inversión, incorpore nueva tecnología, reorganice los procesos productivos, aumente los ritmos de trabajo y restaure su autoridad en los lugares de trabajo.

Así planteado el sector que aparece como prioritario, es el industrial. Pero yo no creo que haya un sector en especial que concentre el interés del gobierno para avanzar en su ofensiva. El plan del gobierno es de largo plazo. El aumento de la tasa de inversión y la incorporación de tecnología en el sector comercial y financiero impacta de manera mediata en el capital productivo. En el caso del sector bancario por ejemplo, el aumento de la inversión así como la incorporación de tecnología y la concentración de capital impactan en la tasa de ganancia del capital productivo, en la medida que abarata el crédito, y los costos de circulación. Lo mismo sucede con la inversión en infraestructura, logística y el transporte; estos son aspectos que creo que el gobierno busca reestructurar, a largo plazo, para mejorar la tasa de ganancia del capital.

La posibilidad de una dinámica de crecimiento de este tipo resulta verificada por la historia económica reciente; del año 1991 a 1994 las tasas de productividad aumentaron como no lo han vuelto a hacer hasta la actualidad .

Fue un proceso particular porque se desarrollo un incremento del producto bruto industrial, acompañado por un aumento de la tasa de desempleo. Este contraste entre la productividad y el desempleo, que implica a su vez un aumento en la tasa de ganancia del capital, da cuenta de las características de la reestructuración productiva operada.

Este gobierno creo que efectivamente apunta a disciplinar a los trabajadores y a las trabajadoras en su lugar de trabajo, además de a nivel social, de modo de recomponer y reorganizar las condiciones de la acumulación sobre bases similares.

Es importante, en este punto, decir que el objetivo del gobierno en términos de crecimiento, es modesto. Plantea crecer a tasas del 3 – 3,5%, en ese sentido no sería impensable que si se sostienen las condiciones actuales sean posibles esos niveles de crecimiento. Por otro lado, la economía argentina es muy chica  en términos de los flujos internacionales del capital, la magnitud del flujo de capital que requiere un objetivo como el que se plantea el gobierno no es significativo, de nuevo, en términos relativos a los flujos de capital a nivel mundial.

Ahora, tampoco está asegurado que el crecimiento se sostenga, en tanto Brasil supone una incógnita ya que no sabemos si el crecimiento operado en el país vecino es solamente coyuntural o será sostenido. Por otra parte, a nivel mundial, las tasas de crecimiento son más bien moderadas, alrededor del 2,5-3% lo que plantea otra incógnita para que los capitales vengan a Argentina y por último hay que decir que el crecimiento argentino del último año, contrariamente a lo que pretendía el gobierno, ha sido impulsado sobre todo por inversión pública y en los últimos meses por consumo privado y público. Los fundamentos del crecimiento por ende, distan bastante de lo que pretende el gobierno y se asemejan a las características del crecimiento durante los últimos dos años del gobierno kirchnerista. La pregunta entonces es si vamos hacia un año de crecimiento moderado basado en el aumento de la inversión o si continúa la larga fase de estancamiento iniciada en 2012.

Pero no creo que, como algunos afirman, no haya condiciones para una tasa de crecimiento de un 3% anual. Lo que sí creo es que incluso en este escenario favorable para el gobierno, cumpliendo las expectativas de crecimiento, difícilmente exista un descenso en el desempleo y en la pobreza, porque tasas de crecimiento tan bajas no modifican cualitativamente ninguno de los indicadores mencionados. Yo creo que ese sería  un proceso de crecimiento con mayor desigualdad, es decir Argentina puede crecer a partir de una tasa mayor de inversión, más consumo suntuario, menos consumo popular y más incidencia de las exportaciones. Este sería un combo posible y esperable, que garantice crecimiento los próximos años.

EZ.- ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el movimiento obrero argentino para resistir un avance del capital? ¿Cómo repercuten las transformaciones en el mercado de trabajo operados en la última década a la hora de posibilitar la organización de dicha resistencia?

AP.- La clase obrera viene de cierto proceso de recomposición de su capacidad de acción colectiva. Si en los´90 hubo un proceso de desorganización de la capacidad de acción colectiva, de desmovilización y de fragmentación, a partir del año ´96 empiezan a verse indicios de recomposición de dicha capacidad, ya a partir del 2003 este proceso es claro. Por otra parte el ascenso de CAMBIEMOS no está precedido por una derrota de la clase trabajadora, lo que supone una mayor capacidad de resistencia. No hay un proceso de desmovilización, lo que explica en parte que el gobierno haya avanzado de forma gradual. Esto hace suponer que se abre un proceso prolongado para avanzar en las reformas laboral, tributaria y previsional, que implica intereses cruzados (CGT, gobernadores, sector productivo, sector financiero, campo).

Si bien hubo un proceso de recomposición de la clase obrera que genera mejores condiciones para la resistencia, no son las mismas condiciones del movimiento obrero de los ´80, y esto por varias razones. Primero porque durante los ´90 el proceso de fractura de la clase trabajadora entre formales e informales, aspecto que no fue revertido durante el gobierno kirchnerista, supuso cierta afectación de la capacidad de acción de la clase trabajadora y de los sindicatos en particular.

Por otra parte los pisos de desempleo de los últimos 15 años están cerca del techo de los ´60-´80. Hoy estamos en tasas de desempleo del orden del 8-10% que si bien no son el 17% de los ´90, es una tasa de desempleo significativa.

En los ´90 la CGT estuvo dispuesta a vehiculizar una serie de reformas a cambio de preservar sus capacidades financieras y organizativas, entre estas últimas estaba el veto a la modificación de la ultraactividad de los convenios y a la posibilidad de que los convenios de empresa perforaran derechos contenidos en los convenios colectivos de actividad. Esta estrategia, que denomino “neoparticipacionista” se apoyaba en un proceso de desmovilización de la clase obrera.

Hoy la situación no es de desmovilización, lo que plantea  límites a una estrategia similar. Por eso creo que las paritarias se mantienen, por eso creo que el gobierno se ve obligado a mantener un diálogo abierto con la CGT. Pero al mismo tiempo, hay datos paradójicos. La CGT conserva una capacidad de movilización real y sustantiva que, no obstante, es reticente a poner en juego. Por otra parte los trabajadores a pesar de que se movilizan masivamente, no tienen capacidad para, de manera autónoma, cuestionar a esas direcciones sindicales. Solo el 07/03/17 esa movilización y ese cuestionamiento se planteó abiertamente. En una movilización convocada por la propia CGT, a regañadientes, las bases expresaron su bronca contra los dirigentes. Esta situación paradójica creo que tiene su fundamento en los procesos de fractura y precarización de la clase trabajadora durante los años ’90 y creo que plantea una situación cómoda, en un punto, para la dirigencia sindical ya que la capacidad de fuego que detenta le permite  sentar al gobierno a la mesa de negociación y la incapacidad de las bases para desafiarla le posibilita controlar la calle y el conflicto. Hay igualmente un interrogante. Como te decía antes el año 2016 fue el año de mayor conflictividad sindical; esos conflictos fueron, mayormente, a nivel de planta o establecimiento, en lugares donde la dirección nacional del sindicato puede tener dificultades para controlar y dirigir el conflicto. Entonces hasta qué punto la dirigencia sindical puede tener cierto margen de maniobra, de espaldas a las bases, sin perder el control del conflicto, sobre todo en lugares estratégicos. En el cordón industrial de zona norte, en el subte, en el transporte, es decir una serie de sectores claves para el gobierno, esta dualidad supone  incertidumbre y  relaciones conflictivas. Si bien es una situación  abierta supone potenciales desafíos al control del conflicto por las direcciones sindicales.