La situación política en Venezuela ha dado un giro dramático en los últimos días. El apoyo explícito por parte del gobierno de Estados Unidos al intento de la oposición venezolana de establecer un gobierno paralelo, encabezado por el diputado Guaidó, implica una escalada en las agresiones que viene sufriendo el país sudamericano. A su vez, pone en riesgo la paz y la democracia en toda la región.
La Oficina de Buenos Aires del Instituto Tricontinenal de Investigación Social elaboró, en este marco, un artículo que pone a disposición algunos elementos del proceso venezolano y que desde Batalla de Ideas reproducimos aquí. Gran parte de estos elementos forman parte del Dossier publicado en mayo de 2018.
1. Nicolás Maduro fue electo presidente en las elecciones llevadas a cabo el 20 de mayo pasado con el respaldo de 6.248.864 votos (67%) y con la participación del 46% del padrón en un país en el que el voto no es obligatorio, por lo que la participación electoral estuvo por encima de la media de los países que tienen esa legislación. Otros tres candidatos participaron de los comicios. Henri Falcón, ex gobernador de Lara y principal representante de la oposición; Javier Bertucci, por el partido Esperanza por el Cambio, quien además lidera la iglesia evangelista Maranatha; y Reinaldo Quijada, por Unidad Política Popular 89, una opción dentro de los sectores bolivarianos. Dieciséis fuerzas políticas fueron parte de las alianzas que sostuvieron a esas candidaturas. Los partidos participantes firmaron un acuerdo que fijó pautas a ser garantizadas por el Consejo Nacional Electoral. Entre las más salientes: la petición a la Organización de Naciones Unidas para que envíe una misión de observadores, la realización de auditorías de todo el sistema electoral con especialistas internacionales y equidad en el acceso a los medios públicos. Durante el proceso electoral se realizaron auditorías al sistema de votación automatizado, de las que participaron los representantes del candidato Henri Falcón. Las auditorías son públicas y televisadas en vivo. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados.
2. Las elecciones presidenciales de mayo de 2018 debían hacerse a fines de ese año, pero se adelantaron como un gesto del chavismo a la oposición en el marco del Proceso de Diálogo que había comenzado desde varios meses antes. En términos políticos, el boicot a esos comicios llevado a cabo por una parte de la oposición se inscribió en una estrategia que tiene sus orígenes en las elecciones legislativas de 2015.
3. Desde fines de ese año, la confrontación entre el chavismo y la oposición (con el triunfo de esta última en las elecciones parlamentarias) se proyectó al interior del ámbito estatal como conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento. Desde la Asamblea Nacional, los referentes de la Mesa de Unidad Democrática sostuvieron repetidamente que su objetivo era correr al presidente Maduro de su cargo, sin descartar ninguna vía. Con la asunción del gobierno de Trump a inicios de 2017, esta forma de la disputa sociopolítica asumió un nuevo modo. Se desató un proceso de creciente violencia callejera acaudillado por algunos sectores opositores que concentraron sus esfuerzos para una salida de Maduro reeditando los pasos del llamado “golpe suave”. Manifestaciones, ataques a edificios públicos, bloqueos de calles y barrios, guarimbas, crímenes de odio contra presuntos chavistas, saqueos, acciones paramilitares, represión policial, se desplegaron, con diferente intensidad, a lo largo de 120 días, entre abril y junio de 2017, con la consecuencia trágica de 125 muertos.
4. Desde el Gobierno, el chavismo apostó a la iniciativa democrática y la situación dio un vuelco progresivo. Primero, en mayo de ese año convocó a elegir representantes para una Asamblea Nacional Constituyente que, realizada a mediados de año y aún con el boicot de la oposición, contó con una participación del 41,5% del padrón electoral. Y continuó con la realización de las elecciones regionales en el mes de octubre en las que intervino una parte de la oposición. Con una participación electoral de más del 60% del padrón, de los 23 gobiernos estaduales en juego, el chavismo obtuvo 18 gobernaciones correspondiendo las cinco restantes a fuerzas opositoras. En ese contexto, la Asamblea Constituyente resolvió adelantar la fecha de las elecciones presidenciales. La decisión recogía la demanda de las propias fuerzas opositoras, por lo que en un primer momento revitalizó la mesa de diálogo constituida bajo la mediación, entre otros, del ex presidente español Rodríguez Zapatero. Sin embargo, cuando el acuerdo entre ambos sectores estaba casi concluido y a punto de ser anunciado, la oposición rompió la negociación planteando nuevas exigencias. Esa definición, estimulada por el gobierno estadounidense, motivó incluso, una carta pública del propio Zapatero donde manifestó su sorpresa y su llamado a retomar el diálogo.
5. El boicot a las elecciones presidenciales de 2018 evidenciaría fundamentalmente tres elementos. La primera, que la oposición venezolana no es un todo uniforme y siempre existieron a su interior diferencias respecto de la viabilidad de derrotar al chavismo por vías institucionales. La segunda, la dependencia de esa oposición respecto de los intereses y las estrategias emanadas desde Estados Unidos. Una última, que desde ese momento la estrategia que se terminó de desplegar con la autoproclamación de Guaidó se puso en marcha. Al boicot y al desconocimiento de los resultados, le seguiría algún mecanismo para justificar la condena internacional al presidente Maduro y abrir nuevamente un escenario que pone en el horizonte las vías de derrocamiento que se disiparon en 2017: insurrección popular y guerra civil en caso de lograr una ruptura entre las Fuerzas Armadas o alguna variante de intervención extranjera encabezada por Estados Unidos y avalada por el resto de las potencias occidentales, tal como ya ocurrió durante los últimos años en diversos países de Medio Oriente.
6. En este sentido, el intento de constituir un gobierno paralelo es un capítulo más en una larga saga de agresión imperialista a la Revolución Bolivariana, que no ha escatimado variantes (desde el golpe de estado clásico al desabastecimiento y los asesinatos selectivos) y cuya columna vertebral es la guerra económica. Esto no niega las limitaciones que ha tenido el proceso para promover la diversificación productiva o para eliminar los focos de burocratización, corrupción y falta de eficiencia en el Estado. No obstante, cualquier valoración del cuadro social y político está obligada a partir de las innumerables formas de agresión a las que ha sido sometida la economía venezolana y su tejido social. Concretamente, desde 2013 en Venezuela hay una estrategia llevada a cabo de forma sistemática por actores locales y externos que incluye el ataque al bolívar, el fomento a la creación de una divisa paralela, la estimulación del desabastecimiento y la inflación y el sabotaje a la distribución de productos básicos. A partir del 2015, el bloqueo económico se profundizó con el decreto del presidente estadounidense Obama que declaraba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de su país. Medida que tomó una dimensión mayor a partir de la respuesta democrática del chavismo, que coincidió con la llegada de Trump al poder. Trump adoptó, por primera vez, sanciones financieras contra el gobierno venezolano que afectan la emisión de bonos y deuda del Estado y de la Petrolera estatal (PDVSA); que fueron seguidas por similares sanciones tomadas por la Unión Europea. Ese bloqueo paralizó prácticamente el comercio exterior en base al dólar al suspender las cuentas de empresas estatales venezolanas en EE.UU., inhibir sus depósitos y transacciones bancarias, imponer sanciones a los empresarios que negocien con Venezuela e, incluso, prohibir a las compañías de navegación utilizar los puertos venezolanos.
7. No hay dudas de que la llamada Revolución Bolivariana atraviesa un nuevo momento decisivo. Sin embargo, la gravedad de la situación alcanza niveles cada vez más riesgosos. De un lado, la potencia imperial más poderosa de la historia pretende concretar uno de los objetivos que han marcado su política exterior en las últimas dos décadas: destruir la experiencia de soberanía popular que representa el chavismo y poner bajo su órbita a uno de los países más ricos en recursos energéticos que tiene el planeta. El momento no es casual, la región vive una avanzada conservadora que incluye fenómenos evidentes de fascistización política y social. De tener éxito el golpe institucional que está en marcha contra el presidente Maduro, esa avanzada se vería ampliamente fortalecida y avalada. Por eso en estos días en no se juega sólo el futuro de un gobierno, sino las condiciones mínimas de posibilidad para el devenir de los proyectos democráticos y soberanos que desde siempre han pugnado por hacerse realidad en Nuestra América.
