Entrevista a Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA.

EZ.- ¿Cuál es el programa del capital, a nivel internacional, respecto de las relaciones laborales y sindicales? ¿Cómo se relaciona ello con la discusión respecto del derecho de huelga en la OIT?

LC.- En realidad, si uno habla de un “programa del capital” como tal, debería tener una mirada de largo plazo. A nivel global hay un cambio, a partir de los años ‘70, en las relaciones sociales a nivel general, que determina el inicio de una ofensiva orgánica del capital contra el trabajo. Es un proceso que tiene varios hitos: los procesos de represión, de la mano de dictaduras cívico-militares, en Latinoamérica; la derrota de las huelgas de los mineros en el Reino Unido y de los controladores aéreos en E.E.U.U, por citar aquellos que quizás sean los casos más paradigmáticos. En este sentido creo que para caracterizar la etapa actual debemos tomar en cuenta aquel proceso de largo plazo que obviamente tiene distintas fases: a veces de avance, a veces de repliegue. No parece, luego de 40 años de neoliberalismo, que ese avance del capital contra el trabajo se haya modificado sustancialmente. Esa ofensiva va de la mano de transformaciones en la división internacional del trabajo y, en gran medida, de la fragmentación y deslocalización de los procesos productivos. La tendencia global marca que los Estados nacionales dejan de ser el espacio territorial de producción y realización de la mercancía. El capital comienza a producir globalmente para comerciar globalmente, movimiento que coincide con el ingreso abrupto de países que se encontraban al margen, sin haberse integrado a la producción e intercambio globalizado de mercancías. Hablamos de China, India, el sudeste asiático, cuyo ingreso modifica y altera la división internacional del trabajo.

En los últimos años hay sí una ofensiva del capital para desarmar las instituciones legadas por el llamado “Estado de Bienestar” que todavía sobreviven. Esto se ve en EEUU pero fundamentalmente en Europa. Este proceso necesariamente repercute en nuestra región y en Argentina puntualmente, donde también se verifica un ataque a las instituciones, mucho más precarias y debilitadas, de aquel Estado de Bienestar. De hecho muchas de las reformas laborales que se llevan adelante (España 2012, Francia 2017, Brasil 2017), y que sirven de espejo para la reforma que se propone ahora en nuestro país, tienen como uno de los núcleos la desarticulación del sistema de negociación colectiva centralizado. Si bien en el caso de la reforma propuesta por el gobierno de Cambiemos no aparece este punto, porque no hay todavía condiciones para proponerlo, lo cierto es que está en la mira del capital que, donde la correlación de fuerzas se lo permite, avanza sobre ello.

Esta ofensiva general y global encuentra expresión, también, en el sistema de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de la crisis de 2012, cuando –en la conferencia anual- la Comisión de Normas no logró tratar el listado de casos sobre incumplimientos de la normativa internacional producto del bloqueo del sector empresario. Dicho sector viene reforzando una línea histórica de no reconocimiento del derecho de huelga como tal (en términos técnicos, desconocen que el Convenio 87 OIT sobre libertad sindical contenga este derecho fundamental), constituyendo una manifestación más de la mencionada ofensiva. Esta posición de la representación internacional de la patronal se ha hecho cada vez más dura, más intransigente, planteando que no puede haber referencias explícitas al derecho de huelga. Esto, que parece demasiado técnico, revela que para el capital la ofensiva actual contra el trabajo tiene como aspecto fundamental el ataque a uno de los sistemas articuladores de las relaciones del trabajo a nivel global –quizás el más importante de gran parte del siglo XX-: el reconocimiento explícito del derecho de huelga. Debilitar el derecho de huelga, más allá de las caracterizaciones jurídicas, implica debilitar la acción directa de los trabajadores y por ende la acción y la negociación colectiva, desplazando el eje al individuo y asignando a la organización sindical un papel de facilitador de ese negocio ahora individual. En las reformas de España y Brasil esto es explícito; en la reforma propuesta en Argentina todavía es muy incipiente.

EZ.- ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan una reforma laboral como la que se está llevando a cabo en Brasil? ¿Qué diferencias encuentra con el caso de Argentina?

LC.- Hay dos niveles, creo yo, que es necesario plantear. El primero, macro, es la ofensiva global del capital contra el trabajo de la que hablábamos antes. El segundo es el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que posibilitan que esa ofensiva se exprese en un determinado territorio nacional. Es un error considerar las reformas nacionales como producto de las condiciones políticas imperantes en cada país; esas condiciones determinan en realidad la apariencia que adquiere la reforma en cada lugar, pero no a la reforma en sí. Por eso la reforma brasileña, que se sanciona a instancias del gobierno de Temer, llegado al poder producto de un golpe institucional contra Dilma, prácticamente sin legitimidad popular, sostenido sólo en pos de hacer todo el trabajo sucio, tiene varias diferencias con la que se propone en Argentina. En términos de contenido la reforma de Brasil es mucho más radical, toca todos los temas sensibles con un grado de profundidad muy extremo. Creo que ello se vincula a que el gobierno de Temer no pone en juego un capital político ni una legitimidad popular que ya perdió. Por eso la propuesta en sí es el programa del capital casi en su totalidad.

En Argentina, en cambio, hay un gobierno elegido democráticamente que necesita convalidarse constantemente a través de los mecanismos electorales de la democracia liberal, lo que hace que la reforma no pueda ser de las magnitudes de la brasileña. El texto que propone Cambiemos habilita la posibilidad de lograr un consenso social con los distintos actores políticos y sociales, y esto es un dato no menor. Entonces, es evidente que hay diferencias sustanciales entre una y la otra, que se explican por las distintas condiciones del espacio territorial. Pero ambas son parte de la misma tendencia internacional.

De esta diferencia en la expresión nacional de una misma tendencia internacional creo que puede derivarse otra conclusión sobre la consistencia, la fortaleza y la durabilidad de la reforma. La reforma brasileña carece de legitimidad política y social, por lo que podríamos pensar que operada la normalización de la vida institucional (incluso la posibilidad de que sea Lula el próximo presidente) podría ser revertida con mayores posibilidades de éxito que en Argentina, donde sí está siendo negociada, lo que le aporta una legitimidad de origen, por así decirlo. Entonces creo que la reforma brasileña es más débil, menos perdurable en el tiempo, a diferencia del caso argentino.

La reforma que propone Cambiemos en esta primera etapa es menos ambiciosa en comparación con el caso de Brasil, aunque de una profundidad importante. La última experiencia de cambios de esta magnitud en las relaciones laborales en la Argentina se dio en el marco de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 (modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley de Asociaciones Sindicales, del derecho de huelga, etc.). Incluso en los ‘90, donde las relaciones de trabajo sufrieron severas modificaciones, ello se desarrolló a lo largo del tiempo. Una modificación en un solo movimiento no se verificaba hacía varias décadas.

Otra diferencia entre los dos casos es que en Brasil el gobierno y la patronal se jugaron de lleno en una sola reforma. En el caso argentino, el declamado “reformismo permanente” (que creo hay que tomar muy en serio) tiene un primer episodio con la propuesta de reforma, pero seguramente no sea el último. Si hay un tema que quedó fuera de la discusión fue la regulación de las relaciones colectivas, que en los casos de Brasil, Francia y España fue centro y corazón de la reforma. Es esperable que Cambiemos, en algún momento, avance en este sentido. Esta ausencia creo yo tiene relación directa con lo que decíamos antes. Si el gobierno argentino quiere dotar de algún grado de legitimidad social a la reforma de las relaciones individuales no puede, por la correlación de fuerzas existente hoy, avanzar de manera frontal contra todas las organizaciones sindicales de manera simultánea. Es imaginable que una reforma de las relaciones colectivas quede relegada para una segunda, tercera o cuarta fase de la reforma laboral. En Brasil, en cambio, no creo que haya ulteriores modificaciones que profundicen la regresión; incluso en los últimos días hubo algunas modificaciones menores a la reforma aprobada que motivaron las quejas del empresariado brasileño porque apuntaban a alivianar, aunque sea de manera insustancial, la nueva ley.

Una última diferencia entre los dos casos, creo, es que en Argentina la instalación del debate sobre la necesidad de una reforma incluyó el discurso de que la misma debía ser sector por sector, flexibilizando los convenios individualmente. Dadas las características de la regulación de las relaciones colectivas en Argentina, esto es mucho más importante que en Brasil. En el país vecino, por el tipo de estructura sindical imperante, tienen un sistema de negociaciones colectivas municipales; a diferencia de nuestro país, donde predominan las negociaciones colectivas por rama de actividad y a nivel nacional. Es decir, en nuestro país hay un intento de combinar una legislación laboral general que modifique a la baja los derechos de los trabajadores y en paralelo discusiones sectoriales en cada convenio que permitan incluir cláusulas flexibilizadoras o eliminar derechos consagrados en tales convenios. El caso de los petroleros o el de los lecheros son casos testigos. Actualmente están en conflicto los aeronáuticos y los trabajadores y trabajadoras de la televisión; en ambos casos las patronales, además de asumir una posición más dura en la negociación estrictamente salarial, se han puesto como objetivo modificar los convenios empeorando las condiciones de trabajo.

EZ.- ¿Cuáles son los sectores de la estructura productiva con mayores índices de conflictividad? ¿Sobre cuáles de esos sectores cree que le interesa avanzar al gobierno en una flexibilización de las relaciones laborales y un abaratamiento de los costos laborales?

LC.- Según los datos que manejamos en el Observatorio de CTA en los últimos trimestres registramos una caída, o al menos un amesetamiento, de los conflictos laborales respecto de la medición del año 2016, que había sido de alta conflictividad. Esta tendencia se profundiza en el sector privado. La instalación del miedo al desempleo y la nula generación de empleo nuevo se traducen en el sector privado en una esperable actitud defensiva. Actitud que deja de ser tal, sin embargo, en el momento en que los despidos, el cierre de establecimientos, etc. se transforman en algo cotidiano. En esos casos es lógico que la conflictividad aumente, dado que la pérdida del puesto de trabajo es inminente y segura.

En el caso del sector público, la conflictividad tiene otras características. La regulación específica (que garantiza la estabilidad laboral al menos para una parte importante de las empleadas y empleados ) y el papel que juega este sector en el empleo de trabajadores y trabajadoras a nivel provincial y municipal son factores a tener en cuenta. En algunas provincias se empieza a ver que la agudización de problemas estructurales genera mayor conflictividad. Por eso, a diferencia del sector privado, en el público la conflictividad no cae. Entonces creo que no hay que dejar de prestarle atención a la conflictividad laboral en el sector público: de verificarse un proceso de degradación de las condiciones económicas y sociales producto de un ajuste, es probable que en esas provincias estemos frente a condiciones objetivas que preanuncien mayores índices de conflictividad.

Por otra parte, el programa del gobierno expresa sin mediaciones el interés del conjunto de los empleadores, más allá de que las fracciones de la clase burguesa tengan disputas por la captación del excedente. Por eso creo que no hay un sector específico en la mira, sino que se apunta a flexibilizar el conjunto de las relaciones laborales. Pretenden avanzar tanto sobre aquellas actividades donde las relaciones de trabajo ya se encuentran profundamente flexibilizadas, como sobre aquellas otras donde el conjunto del colectivo de trabajadores y trabajadoras ha logrado mantener un piso alto de conquistas. Con esto quiero dejar en claro que la flexibilización laboral no empezó hace un mes, ni hace 2 años, sino que viene de hace mucho tiempo, con avances y retrocesos. Para poner un caso concreto, en la industria automotriz muchas de las cláusulas flexibilizadoras ya se encuentran reguladas hace muchos años (como es el caso del banco de horas), con lo cual no constituyen necesariamente aspectos novedosos, aunque se encontraran reguladas solo para algunas actividades. El gobierno apunta, entonces, a generalizar esas condiciones al conjunto de los sectores y actividades.

EZ.- En relación a la experiencia menemista, ¿Cuál fue la consecuencia, en los índices de conflictividad y negociaciones colectivas, de la flexibilización laboral? ¿Es esperable una reacción similar de ambos indicadores en caso de que se logre avanzar en el mismo sentido?

LC.- En términos de negociación colectiva y de flexibilización laboral, durante los años ‘90 rápidamente pueden identificarse dos fenómenos. Primero la importancia de los conflictos del sector público provincial y municipal, a los que le agregaría los conflictos territoriales (en el sentido de conflictos sindicales acotados a un determinado espacio geográfico), que jugaron un papel importante en el cuestionamiento al modelo económico menemista durante los ‘90 y en el cuestionamiento general hacia el final de la década. Santiago del Estero en el ‘93, Tierra del Fuego, Neuquén, Cutral Có, General Mosconi en Salta, fueron todos conflictos en el interior del país, localizados geográficamente con una presencia muy importante del sector público en alianza con trabajadores del sector privado de algunas actividades específicas que atravesaban procesos de ajuste (petroleros, metalmecánicos, etc.). Esa conflictividad fue muy importante y se mantuvo a lo largo de la presidencia de Menem y luego la de De La Rúa; conflictividad que comenzó por los márgenes para luego extenderse y llegar hasta el epicentro del país, a Buenos Aires. Cuando llega aquí, estalla. Por eso creo que hay que prestarle atención a estos procesos de conflictividad, más allá de que las situaciones históricas y las condiciones objetivas y subjetivas sean distintas. Creo además que Cambiemos está haciendo un esfuerzo por mejorar la situación de algunas regiones. En los últimos dos años, según los indicadores, al conurbano bonaerense le fue bastante peor que a otras regiones, con lo cual habría que seguir la conflictividad laboral allí tanto como en las provincias, poniendo especial atención a las respuestas que el Estado les dé. Una respuesta represiva puede ser útil para desarticular un determinado conflicto pero puede conllevar deslegitimación social, sobre todo con la memoria fresca del desenlace final de los años ‘90.

Respecto de la negociación colectiva, creo que es donde se verifica la mayor continuidad, al menos en los últimos 25 años. La flexibilización laboral que se plasmó en muchos convenios colectivos en los años ‘90 y que implicó cambios en la negociación colectiva tanto formal como informal (a nivel establecimiento con los sindicatos o comisiones internas) o en la modificación en la organización de los procesos productivos no se revirtieron en los últimos años, como sí se revirtió la negociación salarial. Si uno ve el registro de los últimos diez años observa una reversión de las características de la negociación colectiva salarial y un crecimiento de la negociación centralizada, aspecto este último que en los ‘90 desapareció. Hay una permanencia, eso sí, de la discusión sobre las condiciones de trabajo a nivel de empresa, aspecto que no ha sido interrumpido ni revertido. En este ámbito de negociación menor, el margen de las patronales para negociar condiciones a la baja es mucho más amplio.

La idea de Cambiemos, así como del capital argentino en su conjunto, pasa entonces por descentralizar la negociación salarial, mantener la negociación de las condiciones laborales a nivel empresa e introducir modificaciones a la baja en los convenios colectivos.