Las consecuencias inmediatas de la rebelión, el rotundo fracaso de las políticas del FMI, las respuestas internacionales y las perspectivas del movimiento popular haitiano.

[Por Lautaro Rivara *]

SIN MARGEN

Pasadas dos semanas de la insurrección popular haitiana del 6 y 7 de julio, provocada por la tentativa del gobierno nacional de aumentar el precio de los combustibles hasta un 50%, es preciso hacer un balance tentativo y dar seguimiento a los hechos que se sucedieron. Las protestas, masivas, radicales y ciertamente marcadas por altos niveles de espontaneidad, no fueron ni un acto de barbarie ni la obra ciega de multitudes desorientadas. Sobraron las razones para el estallido, y no fueron pocos quienes así lo anticiparon.

Basta repasar algunos de los objetivos de los manifestantes para constatar esto: saqueos a supermercados en los distritos residenciales donde vive la parasitaria burguesía haitiana; la quema de hoteles de lujo para extranjeros que no representan para la población otra cosa que una afrenta; el ataque a trasnacionales norteamericanas o a unidades industriales que hoy pagan salarios que no alcanzan a cubrir un tercio de las necesidades elementales de sus trabajadores, enfrentamientos con una policía nacional cuestionada y deslegitimada, entre otros. Ciertamente existieron acciones descoordinadas e inorgánicas y simples hechos de malandraje que de ninguna forma pueden tapar el sol con las manos. Es patente la exasperación de un pueblo arrojado contra las cuerdas, que desde la aplicación de las políticas neoliberales no ha dejado de deslizarse por un plano inclinado que nunca parece tocar fondo. Y es que Haití sencillamente no tiene margen, si partimos de considerar una pobreza que se arrima al 80%, la acuciante realidad de las grandes mayorías que malamente sobreviven con menos de dos dólares diarios, la subalimentación que golpea a casi 6 millones según cifras de la FAO, una inflación en torno al 15%, la continuada depreciación de la moneda nacional, el camino trunco de la reconstrucción del país desde el terremoto del 2010 que colapsó todas las infraestructuras, la continua incidencia de fenómenos climáticos como los huracanes y un largo etcétera.

EL FMI, EXPERTO EN NAUFRAGIOS

A estas alturas, resulta necesario certificar lo evidente: un nuevo y rotundo fracaso de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Recordemos que el alza a los combustibles partió de una exigencia de dicha entidad en el marco de los acuerdos suscritos en febrero con el gobierno de Jovenel Moïse, los cuales incluían avanzar con la privatización de la empresa estatal de energía eléctrica y reducir los subsidios al consumo minorista, entre otras resistidas estrategias para reducir el déficit fiscal.

Pese al luctuoso saldo de varios muertos y decenas de heridos y al evidente costo de seguir al pie de la letra sus “recomendaciones”, el FMI ratificó sus exigencias, demandando ésta vez “un enfoque mucho más gradual para eliminar los subsidios”, según explicó su portavoz Gerry Rice en conferencia de prensa. Es decir, en vez de matarlo de muerte súbita, se pretende que el país muera de muerte lenta. La propuesta, contradictoriamente, sugiere que la eliminación de los subsidios al combustible liberaría fondos para destinar a políticas sociales destinadas a las poblaciones más empobrecidas, precisamente aquellas que se movilizaron en todo el país en rechazo al shock tarifario.

Pero la responsabilidad del FMI, de otros organismos financieros multilaterales y de los Estados Unidos en el drama haitiano no empezó en esta coyuntura. Cabe destacar el papel jugado por el fondo en el proceso de liberalización comercial afrontado por Haití en los últimos años de la dictadura de Baby Doc, y más nítidamente desde el año 1986. Fue en las décadas del 80 y el 90 que el FMI y los Estados Unidos obligaron a Haití a reducir los aranceles al arroz y a otros productos de importación, que se derrumbaron desde el 35 tan sólo el 3 por ciento. Las consecuencias fueron múltiples: el agravamiento de la dependencia exterior; la destrucción de todo vestigio de soberanía alimentaria; el debilitamiento aún más pronunciado del magro Estado haitiano; la ruina de los productores agrícolas locales por la imposibilidad de competir contra el dumping y los precios desleales del subsidiado sector agrícola estadounidense; el crecimiento descontrolado del contrabando; la explosión migratoria interna hacia la superpoblada capital y la diáspora hacia República Dominicana, Estados Unidos y otros países, por mencionar algunas.

Quizás la historia de un grano de arroz pueda resumir las penurias de las últimas décadas del pueblo haitiano. No deja de ser paradójico el hecho de que un productor histórico como Haití, que cuenta con un área privilegiada para su cultivo en el Valle del Artibonit, deba hoy importarlo en gran medida desde los Estados Unidos. Mientras su propio arroz se pudre en los campos, la nación más pobre del continente se ve forzada a comprárselo al país más poderoso del planeta, con estupendos dividendos para quienes, adentro y afuera de Haití, se llevan la parte del león.

ENTRE EL MURO DE TRUJILLO Y EL ABRAZO DE BOLÍVAR

La exigencia del FMI no fue la única respuesta frente a una rebelión popular que, atravesando capas de indiferencia y saltando cercos mediáticos, logró resonar internacionalmente.

Por un lado, una verdadera paranoia asaltó a las xenófobas burguesías dominicanas, frente a la posibilidad de que la crisis haitiana aumentara los flujos migratorios hacia la vecina república. En este contexto fue reflotada una propuesta estúpida e infame como lo es la construcción de un muro fronterizo que parta en dos la isla que estas dos naciones comparten, tal como había sido propuesto por Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del tristemente célebre dictador. Fue Vinicio Castillo Semán, diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien volvió sobre el asunto, retomando el ejemplo de la política fronteriza norteamericana para con el vecino México.

Soslayando el papel central de la diáspora haitiana y de sus brazos baratos para la industria de la construcción y para la zafra de la caña de azúcar, la migración haitiana es analizada desde la óptica de la “invasión”, y no desde su justo ángulo: el de una crisis humanitaria inducida desde el exterior y capitalizada por las burguesías importadoras haitianas, las burguesías exportadoras dominicanas y las potencias extranjeras. Cabe destacar que la izquierda y los movimientos sociales dominicanos se han pronunciado en favor de la rebelión haitiana y no faltan quienes practican una activa solidaridad con los migrantes llegados al país, recreando los lazos culturales e históricos de ambos pueblos y honrando la memoria de quienes lucharon indistintamente de este y de aquel lado de la isla contra los invasores comunes, sean españoles, franceses o norteamericanos.

Desde otro punto del Caribe ha sido propuesta una otra política en relación al drama haitiano. Se trata de la que proviene de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha decidido renovar y relanzar proyectos de cooperación en el sensible rubro de la energía y los hidrocarburos, que son precisamente los que están en el ojo del huracán. Para ello se reactivó el Comité Binacional de Cooperación, con el objetivo de financiar iniciativas de desarrollo mediante la empresa Bolívar-Pétion de Petrocaribe, iniciativa de cooperación energética que ha sido calificada como un auténtico “escudo contra el hambre”. Frente al muro de Trujillo y la garra del FMI, la Venezuela revolucionaria extiende el solidario abrazo de Bolívar. Sin embargo, el antecedente del desfalco de los fondos de Petrocaribe por parte de funcionarios haitianos, recientemente probado en un informe del Senado, demuestra que es imprescindible un seguimiento estricto de recursos bienintencionados que podrían contribuir a engrosar los fenómenos de corrupción y el enriquecimiento ilícito de la clase política haitiana.

REBELIÓN Y DESPUÉS

A nivel nacional, las principales consecuencias de la rebelión han sido varias. La suspensión inmediata del aumento de los combustibles, el retiro del discutido presupuesto 2018-2019 y la dimisión del Primer Ministro Jack Guy Lafontant, momentos antes de ser interpelado por un Parlamento que debía decidir entre su apoyo o la emisión de un voto de censura. Pero, aún más importante, han saltado por el aire los cimientos de un largo ciclo de colonización iniciado con la invasión norteamericana de 1914-1935, continuado por las sangrientas dictaduras de Papa Doc y Baby Doc entre los años 50 y 80, y reforzado por las políticas neoliberales del FMI y por los golpes de Estado a Jean Bertrand-Aristide en 1991 y 2004 que derivaron en la ocupación de las fuerzas militares conjuntas de las Naciones Unidas.

Jovenel Moïse, quien llegó a la presidencia en un proceso electoral fraudulento y viciado de irregularidades, carece hoy de la más mínima posibilidad de continuar al frente del gobierno. La oposición en pleno, numerosas organizaciones sindicales y movimientos sociales, exigen su renuncia, la formación de un gobierno de transición y la convocatoria a nuevas elecciones. Solo una salida soberana y constituyente podrá cuestionar la continuidad de las políticas neoliberales que desangran a Haití desde los años 80, reimpulsar la agricultura nacional para acabar con el flagelo del hambre, avanzar en la desmilitarización definitiva del país con el retiro de la misión de ocupación de la ONU y cancelar todos los compromisos suscritos con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos financieros que hasta hoy lucran con el drama haitiano.

(*) Sociólogo, poeta y miembro de la Brigada Jean-Jacques Dessalines de Solidaridad con Haití.