Entrevista a Juan Grabois, abogado y dirigente de la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular).

EZ.- ¿Cómo cree que va avanzar el gobierno en una reforma laboral? ¿Cuáles son los aspectos centrales que le interesan a la administración de Macri?

JG.- La propuesta original era un borrador para negociar, pero contenía algunas modificaciones incompatibles con la normativa internacional del trabajo, es decir era manifiestamente violatorio de los pisos mínimos internacionales a los que el Estado Nacional Argentino suscribió (más que nada convenios de la Organización Internacional del Trabajo). Luego de la negociación con la CGT se modificaron algunos de los aspectos más flagrantes pero permanecieron aquellos que implican una clara flexibilización de las relaciones laborales. Sin ánimos de señalamientos, creo que la CGT cometió un error al aceptar esta negociación con el gobierno.

El gobierno viene planteando que uno de los problemas centrales lo constituyen los juicios laborales, pero ninguna de las normas apunta a eso. Si eso fuera un problema que le interesara abordar, intentaría regular los honorarios de los abogados. En cambio lo que elige es un ataque directo a los derechos de los trabajadores.

La reforma, entre otras cosas, apunta a generar una suerte de relación de dependencia alternativa, como el caso del “trabajador autónomo económicamente dependiente”, una figura ajena a la realidad laboral, donde la empresa principal, pongamos una empresa proveedora de un servicio de TV por cable,  no tiene ninguna responsabilidad frente al trabajador que contrata, ya que lo hace a través de una empresa tercerizada que se ocupa de la instalación de antenas, elemento indispensable para brindar su servicio. Es decir, es una modificación tendiente a des-responsabilizar a la gran empresa por los derechos laborales durante la vigencia de la relación laboral y, sobre todo, al momento de la finalización (el despido); las grandes empresas son las beneficiarias directas de esta modificación legal propuesta. Hay que decir que este aspecto de la reforma laboral propuesta va en sintonía con los movimientos mundiales respecto de los mercados de trabajo, es decir hacia la desregulación y tercerización.

A su vez, el otro punto que completa la desregulación que te comentaba es la creación de unidades jurídicas independientes de las empresas principales para las típicas actividades relacionadas (limpieza, seguridad, etc.), que son las que más trabajo generan, y que influyen directamente sobre la mano de obra más vulnerable, con especial impacto en las mujeres.

EZ.- ¿Cuáles sectores de la estructura productiva cree que le interesan al gobierno para avanzar en una flexibilización de las relaciones laborales y sindicales y en el abaratamiento de los costos laborales?

JG.- Creo que hay una idea de crear las condiciones para un modelo de capitalismo autoritario al estilo sudeste asiático, atrayendo inversiones con el anzuelo de normas laborales muy flexibles. Esto, en términos de competitividad, es un aspecto central. Para competir con estos países hay que tener salarios bajísimos además de una mano de obra disciplinada, incapaz de cuestionar los ritmos de trabajo, la organización productiva, etc. Esta reforma se parece mucho a lo que proponen los organismos internacionales, el FMI especialmente. Hay un tufillo a que la propuesta es un recetario de éste órgano del capitalismo mundial.

En el caso argentino, una reforma laboral con estas implicancias, es decir con esta radicalidad y profundidad, es muy difícil que pase dado el grado de conciencia que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Dudo que pueda ser puesta en práctica una reforma brutal y, si lo hace, no creo que dure mucho tiempo. Implica una reestructuración general del mercado laboral argentino; no solamente beneficiar a un sector sobre el otro. Todo esto combinado con una flexibilización de las medidas arancelarias y desprotegiendo la industria nacional no puede llevar a otra cosa más que a la contracción del mercado interno. El único beneficiario parece ser el sector comercial y financiero.

EZ.- ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el movimiento obrero argentino para resistir una reforma laboral? ¿Cómo ve a las dirigencias sindicales (CGT, CTA, ambas)? ¿Y su relación con las bases? ¿Cómo afronta la CTEP este proceso?

JG.- Yo creo que el gobierno necesita los votos del PJ para sancionar la ley y, a la vez, necesita disciplinar al movimiento obrero argentino. La CGT, en este sentido, creo que cometió un error. Aunque también puede ser que no le haya dado la correlación de fuerzas.Creo que la pregunta válida es si los trabajadores y las trabajadoras van a estar mejor o peor después de una reforma como la propuesta, y me parece que la respuesta es obvia: peor. De hecho, ante esta pregunta, uno de los triunviros –Daer- contestó que de no negociarse una reforma, el escenario es aún peor. En este punto discrepo con la decisión; si no hay alternativa, entonces habrá que salir a la calle.

Creo que hay una fractura organizativa y socio-estructural de la clase trabajadora. Respecto de la primera, la CTEP ha intentado revertirla organizando a los sectores informales que no encontraban una representación. Respecto de la segunda, es más profunda y de largo aliento, y responde a los procesos de precarización laboral operados en los años ‘90 y que no fueran revertidos. Por la positiva hay que decir que los trabajadores y las trabajadoras informales han alcanzado un grado de conciencia que permite tener presente esta fractura organizativa, logrando canalizar en la acción colectiva, en las calles, los reclamos y obteniendo conquistas importantes, aún en medio de un proceso de retroceso general de los derechos laborales y sociales.

Creo que el proyecto del actual gobierno supone un cambio en la etapa, por así decirlo, ya que las reformas propuestas apuntan a la transformación de las estructuras laborales, impositivas y previsionales y van a impactar en todos los sectores. El cambio en la indexación de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo sumado a la eliminación de los bonos de fin de año implican para el gobierno unos 105 mil millones de pesos que fueron robados a la Economía Popular. Ambos son mecanismos redistributivos para los compañeros y las compañeras que cobran esos beneficios sociales. Era plata que se reinvertía en el mercado interno, que se gastaba en el barrio. Sobre todo los bonos de fin de año, que suponen un paliativo para pasar unas fiestas más dignas. Es plata que además circula en el espacio geográfico compartido, en los almacenes de la zona donde viven los compañeros y las compañeras.

Nosotros vamos a impulsar un plan de lucha en todo el país e intentaremos arrimar posiciones con el movimiento obrero argentino, al menos con los sectores que quieran protestar. No solo a propósito de la reforma laboral, sino también por la ausencia de mejoras de la economía, es decir en las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Respecto de las dirigencias sindicales creo que hay que distinguir la situación de los gremios del sector privado y los del sector público. Esto no significa desmerecer la posición de los segundos, sino de entender cuáles son las condiciones objetivas, digamos estructurales, de la actividad y del sindicato. Las condiciones de empleabilidad del sector público, muchas veces también precario, generan que la defensa de las condiciones de trabajo sea, en algún punto, más plausible. El nivel de despido y disciplinamiento en el sector privado hace que los gremios asuman una posición más conservadora, más allá de su posición burocrática o no. No es que no sean burócratas; en algún punto resulta lógico que ante el temor a despidos masivos y derrotas inminentes la dirigencia asuma posiciones más conservadoras. Por otro lado, yo no veo una base movilizada desbordando a las dirigencias, no veo a las dirigencias sindicales presionadas por abajo para salir a la calle. En este sentido creo que hay que pensar a las dirigencias sindicales más allá de su componente subjetivo y observar detenidamente cuál es la inserción sectorial en el aparato productivo nacional. Hay un sector, alternativo dentro la dirigencia de la CGT, por ejemplo el gremio bancario y camioneros, que tiene una vinculación mayor con la estructura estatal y por ende una mayor capacidad de presión sectorial a la hora de negociar colectivamente, de llevar adelante medidas de fuerza, etc. Esto marca una diferencia objetiva y estructural con otros sectores, como por ejemplo los metalúrgicos. La competencia internacional, dada la alta volatilidad del flujo de los capitales, implica que cuando un país desregula sus controles para abaratar costos, el resto de los países se ven presionados a hacer lo mismo. En el caso de Argentina, este ejemplo implica que ciertos sectores industriales, ante la desaparición de medidas protectoras de la industria nacional se vean particularmente golpeados (como puede ser en caso de la UOM, razón por la cual adopta una conducta  más conservadora). Repito, creo que no hay que hacer mayor hincapié en la condición subjetiva de los dirigentes sino ver los aspectos estructurales del sector donde están insertos, más allá de que se aprovechen o no de la posición burocrática que ocupan. Por otra parte, no creo que la reforma laboral tenga un impacto mayor en los trabajadores formales que empleados actualmente, sino más bien en aquellos que se vayan incorporando al mercado de trabajo.

Desde la CTEP tenemos mucha capacidad de presión. Nuestra base social, los excluidos del sistema formal, no tiene mucho que perder; es decir es difícil que nuestras condiciones se agraven aún más, aunque exista margen para ello. Esto, objetivamente, creo que va a implicar mayores niveles de confrontación para nosotros. En el nivel subjetivo, sí creo que los dirigentes podremos ser atacados y perseguidos, que la política represiva de las fuerzas del orden se va a profundizar. Esto es algo que ya se está viendo.

EZ.- ¿Cree que es posible una reforma al estilo brasileño? ¿Por qué?

JG.- No creo que sea viable. El deterioro va a ser gradual, lo que implica necesariamente que se va a acrecentar y por ende es necesario enfrentarlo porque es un deterioro siempre.

Es importante señalar, me parece, que la representación legítima de cada sector debe ser un interlocutor válido en la conflictividad de su respectivo sector. La flexibilización más grande va ser dentro de los establecimientos; los trabajadores tienen miedo y las patronales están envalentonadas, en actitudes más autoritarias. En la cultura de un gobierno patronal, que hace culto de la meritocracia, que festeja el éxito de quien explota a otras personas, se ha generado un clima de época que ha insuflado coraje a los explotadores para exprimir a los trabajadores. Esto implica una explotación mayor en términos intensivos y, en consecuencia, un deterioro de la calidad de vida adentro y afuera del establecimiento. Donde vivo, y a partir del contacto con los obreros del cordón industrial de Zona Norte, con empleados y empleadas de distintas actividades, veo que el avance cultural de las patronales frente a los trabajadores es concreto y se manifiesta, sobre todo, al interior de las plantas o establecimientos.

Hay, además, una actitud más violenta de las fuerzas de seguridad y una actitud más distante y prejuiciosa de las clases medias que también sufren el deterioro –aunque en menor medida y más lentamente- de su calidad de vida y que expresan sus frustraciones con los que están abajo en la jerarquía social. Eso se ve mucho en la economía popular, en los manteros, en los carreros, en los cartoneros… los y las maltratan mucho más. Son las consecuencias socioculturales de un discurso hegemónico excluyente y pro patronal.

EZ.- ¿Cómo le parece que impacta la reforma sobre los sectores informales, teniendo en cuenta la propuesta de blanqueo?

JG.- Creo que va a tener un impacto bastante bajo, tirando a nulo. Hubo muchas propuestas en el pasado, como el Plan Empalme, que le ofrecieron el oro y el moro a los patrones para que tomen trabajadores. Pero la complejidad del problema excede el subsidio de los aportes, ya que la falta de creación de empleo, su precarización y tercerización deben ser encuadradas en un paradigma internacional de falta de empleo y de innovación tecnológica. Argentina no está en condiciones de competir con los países más explotadores en términos internacionales. Las empresas chicas y medianas argentinas, por otra parte, solo pueden absorber una porción marginal en términos cuantitativos del mercado de trabajo. El sector de los trabajadores informales está consolidado como tal y es difícil que el mercado de trabajo pueda incorporarlos. Medidas como el blanqueo, contrariamente a lo que predica el gobierno, van a terminar reduciendo el mercado laboral formal, porque se combinan con políticas contractivas, que afectan el mercado interno. Si no se redistribuyen los excedentes del sector agroexportador, no hay posibilidad de incorporar a nadie.

La riqueza del país se debe a la naturaleza. Se debe a las condiciones excepcionales de ciertas regiones del país y a la capacidad productiva y de generación de renta de la tierra; por eso me parece muy bien el aumento propuesto del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, aunque debería afectar también a los grandes propietarios de la tierra. Las empresas argentinas en general no son sustentables ni competitivas. Muy a contramano del discurso del self made man que repiten todas las figuras públicas del gobierno, los empresarios que hoy ocupan cargos ejecutivos provienen de familias empresarias, han heredado sus fortunas, posiciones sociales, cargos ejecutivos empresariales. Es decir casi ninguno puede exhibir logros personales, inventos rutilantes o ascensos por mérito propio. La mayoría son parte de la clase burguesa lumpen nacional que vive a costillas del Estado y hace negocios aprovechándose de posiciones de privilegio.

Retomando: la competitividad no es un problema de mano de obra, sino que admite distintas razones. La solución, entonces, no puede pasar por la precarización de las condiciones laborales y de vida de la mayoría de la población.

EZ.- ¿Qué posibilidad hay de que la resistencia a la reforma genere condiciones para un mayor acercamiento entre los sectores informales y formales, teniendo en cuenta la fractura del mundo del trabajo?

JG.- Creo que va haber más fragmentación aún. Hay mucha inmadurez en la dirigencia de todos los sectores, donde lo más importante parece ser degradar al otro en vez de buscar estrategias de unidad. Si todos los sectores que acusan al resto de traidores plantearan una huelga unificada de 4 días se cae la reforma. Pero no lo pueden hacer porque no les da la correlación de fuerzas ni la inserción en la estructura productiva, es decir, estructuralmente, su capacidad de presión es menor.

Nosotros sabemos que la lucha reivindicativa es muy importante, pero no vamos a dedicarnos a señalar al resto de la dirigencia porque no queremos tributar al maniqueísmo que pretende instalar el gobierno respecto de la dirigencia sindical. Creo que no hay iluminados. Todos estamos desorientados y hay una crisis de representación en amplios sectores de la clase trabajadora, sobre todo de la formal, que se expresa en incapacidad para articular medidas colectivas para resistir el avance del capital.