Por Fernando Toyos
Apuntes acerca de la detención de Lula, los usos de “la corrupción” y la coyuntura en Nuestra América
Al momento de comenzar a escribir estas líneas, militantes del Movimiento de campesinos y campesinas Sin Tierra (MST) fueron atacados cobardemente por una patota, integrada por miembros de la hinchada del club Curitiba. ¿La razón? Permanecer en un acampe pacífico a las puertas de la prisión ubicada en dicha ciudad del sur brasileño. En dicha prisión, Luiz Inácio Lula da Silva purga una condena de doce años, fundada en la presunción nunca probada de haber recibido un departamento a modo de coima. Según la narrativa mediático-judicial, enmarcada en el proceso conocido como Lava Jato, la constructora OAS le obsequió a Lula un tríplex en el balneario de Guarujá a cambio de su favor en la adjudicación de obras públicas. El problema que tiene este relato es la ausencia de evidencia que demuestre algún tipo de vinculación entre Lula y el inmueble en cuestión. No vamos a pedir que haya un título de propiedad de un bien que se presume prenda de una negociación espuria e ilegal, pero ni siquiera se ha podido demostrar que Lula y su mujer hayan pasado una sola noche en el departamento de marras. Es por demás elocuente el interrogatorio al que Sérgio Moro sometió a Lula, en donde primero admite no tener pruebas de la acusación hecha. ¿Sobre qué se fundamenta la condena entonces? Por una declaración vertida por el empresario Marcelo Odebrecht quien, enfrentado a una condena de 19 años y cuatro meses, se acogió al régimen de “delación premiada” que implica reducciones en las penas a cambio de información que lleve a nuevos arrestos. No solamente Odebrecht (que recibió el privilegio de la prisión domiciliaria) tenía un interés en delatar a Lula por algo que puede o no haber hecho, sino que – sobre todo – la condena no tiene mayor sustento que dicha declaración, configurando un escenario en el que la declaración de inocencia por parte de Lula no tiene valor. Del famoso “mi palabra contra la suya” se pasa, de este modo, a una situación donde la palabra del delator premiado se impone por sobre la del acusado, sin que medie ningún tipo de evidencia. Así, el sábado 7 de abril de 2018, Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva se entregó a las fuerzas de seguridad luego de dirigirle la palabra a una multitudinaria concentración de simpatizantes frente a la sede del sindicato metalúrgico en Sao Bernardo do Campo.
La detención, celebrada con champagne por manifestantes anti-Lula, representa el último golpe de la derecha latinoamericana, y uno de los más contundentes hasta el momento. ¿Quién podría haber anticipado, tan solo cuatro años atrás, que 2018 nos encontraría – bastante más dominados que unidos – con el PRO-Cambiemos en Argentina, el gobierno de Temer en Brasil, el recrudecimiento de la violencia fascista y la guerra económica en una Venezuela donde la Revolución Bolivariana atraviesa su hora más difícil desde la muerte de Chávez? La articulación a escala continental puede comprobarse por múltiples vías: desde la intervención del principal partido opositor en Argentina (Partido Justicialista), acaecida casi inmediatamente después de consumada la prisión de Lula, hasta la campaña mediática sistemática e incesante contra los principales exponentes de un ciclo de impugnación a la ofensiva neoliberal al que se pretende sepultar definitivamente. En todos los casos, existe una consigna que unifica estos esfuerzos: la llamada “lucha contra la corrupción”. En este artículo pretendemos describir algunos elementos de esta narrativa anti-corrupción que se desplegó en el marco del proceso judicial contra Lula. Analizaremos la presencia de esta narrativa en la cobertura que el caso recibió en la prensa argentina, y luego revisaremos críticamente la propia categoría de “corrupción”, su relación con el Estado capitalista y sus usos en la coyuntura actual en Brasil, Argentina y la región. Este trabajo está inspirado por una hipótesis que entiende a la narrativa anticorrupción como una matriz discursiva que opera en toda la región, en estrecha relación con el ascenso de gobiernos caracterizados por una ligazón orgánica al capital.
¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción?
Pasando revista por la cobertura que los grandes medios argentinos realizaron sobre el encarcelamiento de Lula se pueden observar algunas regularidades llamativas. En primer lugar, el volumen: los diarios Clarín y La Nación, junto con el portal InfoBAE realizaron una profusa cobertura del hecho, publicando setenta y cuatro notas en sus portales web entre los días 5 y 10 de abril. Es importante señalar que esta cantidad es muy superior a la que concitó cualquier otra noticia vinculada a la política local que se haya registrado en el presente año. Más curiosa es la coincidencia entre los tres primeros medios en ciertas temáticas cuya relevancia no queda del todo clara, como las características del departamento que presuntamente Lula habría recibido de manera ilegal e ilegítima, o las características de la celda en la que cumplirá los doce años a los que fue sentenciado sin ninguna prueba:
La aparición del mismo contenido en los tres medios, sumado a la insistencia en señalar las características “excepcionales” tanto del departamento (lujoso) como de la celda (exclusiva, especial) nos llevan a pensar que estamos ante un elemento que da cuenta de una agenda político-mediática común a estos tres portales de noticias. Esta agenda se apoya en una matriz discursiva preexistente que, como sostiene el investigador del CONICET Ezequiel Adamovsky, hace foco en diferencias étnicas, raciales y de clase a la hora de ponderar las distintas acusaciones de corrupción. En palabras de Adamovsky:
Nuestra dificultad a la hora de visualizar las relaciones reales que existen entre lo público y lo privado generan efectos directos sobre el modo en que juzgamos los actos de corrupción. La relación entre Macri y su amigo Nicolás Caputo es perfectamente comparable a la que muestra el caso Báez. Sin embargo, éste lleva más de ocho años en las portadas de los diarios mientras que aquella permanece invisible. La comparación suele desecharse bajo el argumento de que Caputo “ya era un empresario rico” antes de que Macri se convirtiese en político, mientras que Báez se enriqueció a través de sus vinculaciones con el gobierno anterior. En este razonamiento se nota que lo que molesta no son tanto esos dineros públicos que se pierden y que podrían haber ido a más escuelas o mejores hospitales, sino el hecho de que la política intervenga indebidamente, convirtiendo en rico a alguien que no debió serlo.
La misma lógica, pero en sentido inverso, es la de la increíblemente ingenua predicción de figuras como Marcos Aguinis o Pamela David según la cual Macri “no va a robar porque ya es rico y no lo necesita”. Nos molesta que la política “eleve” indebidamente a alguien y adoramos que una persona rica “descienda” para involucrarse. En ambos casos, la política es el espacio “sucio” que altera un debido orden, que no es otro que el de las desigualdades propias del plano privado. (Adamovsky, 2017)
Se trata, entonces, de una matriz de fuerte contenido moral en la cual lo que realmente se pone en juego no son tantos millones de dólares (cifras que nos resultan incomprensibles) que equivalen a tantos hospitales y escuelas (que no se iban a construir de todas formas) perdidos en el entramado de la corrupción, sino de la representación que amplias capas de la sociedad – muy especialmente los sectores medios – tienen respecto de las jerarquías sociales. La insistencia y el detalle con el que se describen las características tanto del departamento como de la celda dan cuenta del destino privilegiado al que Lula, el obrero, accedió a partir de su carrera política. Coberturas periodísticas del tipo aquí citado no pretenden construir información relevante, sino alimentar el resentimiento de estos sectores que ven con preocupación como “la corrupción” trastoca el orden social que ellos consideran justo y que, por supuesto, les guarda un lugar relativamente privilegiado. Como el caso Lula demuestra, la veracidad de los hechos es secundaria.
Los usos de la corrupción: del “achique del Estado” al desencanto progresista
Como señala Sebastián Pereyra en su libro titulado Política y transparencia, la corrupción como problema público, la década de los ’90 constituye un antes y un después en lo que refiere a la instalación de la corrupción como asunto público. El proceso italiano conocido como “manos limpias” (mani pulite); que implicó más de 1300 condenas, exhumando un entramado de sobornos que implicó a gran parte del arco político italiano, constituye un hito en este sentido. No casualmente, el juez Sergio Moro – entronizado como un paladín de la lucha anticorrupción – confesó su admiración por este proceso. Figuras como la de Moro, Elisa Carrió, Graciela Ocaña o Margarita Stolbizer son un síntoma de época: en un momento donde la épica de los procesos de cambio anclados en la movilización social y la organización política parece haber perdido su estrella, vuelve a brillar la individualidad de quienes son representados como incorruptibles y abnegados combatientes contra “los vicios” de “la política”. Nuevamente, la distancia que medie entre lo representado y lo real no es, de momento, lo que nos ocupa, sino la capacidad de ciertos individuos de personalizar -no sin controversias- una serie de cualidades asociadas al mérito y la honestidad. En esta sustitución de narrativas lo que parece tramitarse es el retorno a la preeminencia de la virtud individual – el mérito, la honestidad, la integridad moral – por sobre los valores asociados a lo colectivo. Estos valores, volviendo a Adamovsky, forman parte de la identidad de clase media, es decir, son valores altamente asociados a estos sectores (Adamovsky, 2009).
Continuidad y cambio: la denostación de “la política” como actividad en la que “todos roban” nos devuelve a la década de 1990 en la que, no obstante, la narrativa anticorrupción se enfocaba de manera casi exclusiva en la esfera pública. Esta arista, en consonancia con la prédica por el “achique del Estado”, no parece repetirse de la misma manera en una América Latina en la que el intervencionismo estatal sigue gozando de un consenso social considerable. La narrativa anticorrupción, hoy, parece más usada para estigmatizar a dirigentes y fuerzas políticas en particular, mientras ubica a otras fuerzas y dirigentes como “honestos” y “transparentes”: en una coyuntura que continúa marcada por la polarización social y política, el discurso anticorrupción no puede darse el lujo de prescindir de la disputa electoral. Así, la “corrupción” será permanentemente sindicada como uno de los males del “populismo”, ese término que, de manera difusa, parece designar a todo proyecto político que pretenda mayor autonomía de la que el capital esté dispuesto a concederle. Para decirlo claramente: lo que frecuentemente se designa como “corrupción” comprende un conjunto de prácticas cuyo común denominador se encuentra en esa frontera porosa y movediza que separa “lo público” de “lo privado”. El trazado mismo de esta divisoria de aguas es, al menos, controvertido. Así lo evidencia, por ejemplo, la regulación del cabildeo (lobby) en el Congreso de Estados Unidos, que prohíbe cualquier tipo de “obsequio” por parte de los representantes de intereses particulares hacia los congresistas, excepto los que integran una lista de “permitidos”. Estas excepciones, reseñadas por el politólogo Peter Bratsis (2001), incluyen “regalos por menos de U$s 50”, hasta cuatro días de viaje en el territorio nacional y siete para viajes al exterior. Cabe preguntarse bajo qué criterio se establecen estos límites. ¿Quién establece que, hasta los 50 dólares, no se trata de corrupción, pero más allá de este límite sí? ¿Sobre qué se funda el número de cuatro días para viajes en territorio estadounidense? ¿Por qué no tres? ¿O cinco? Lo que estos ejemplos muestran es el carácter arbitrario y formal de estas regulaciones, que legislan sobre el terreno farragoso de la separación entre público y privado, separación que encubre el carácter de clase del Estado capitalista. El mismo Estado que tiene, para decirlo con el sociólogo Pierre Bourdieu, el monopolio de la nominación legítima, la capacidad para designar a corruptos y honestos.
Lejos de relativizar a quienes son responsables probados de haber cometido delitos vinculados con la corrupción, lo que pretendemos aquí es señalar las contradicciones que atraviesan a la propia categoría, evidenciando el uso que de ella se hace para estigmatizar a los múltiples proyectos políticos que gobernaron la mayor parte del continente hace apenas unos años, mientras se hace la vista gorda respecto de los gobiernos actuales. Por más dirigentes implicados en prácticas ilegales que puedan encontrarse, los proyectos políticos que movilizaron y movilizan a millones de personas en virtud de distintas banderas – que podemos compartir o no – no son judicializables. Aún si la condena a Lula tuviese todo el fundamento que le falta, esto no implicaría que el proyecto del PT – con el que tenemos serias diferencias – sea algo así como un “proyecto corrupto”. Las contradicciones que atravesaron a gobiernos como el argentino y el brasileño no se resolverian, como sugería un dirigente sindical que hoy funge de interventor partidario, “dejando de robar por dos años”. Los ideales que -con menor o mayor coherencia– estos procesos políticos desplegaron, como la pelota, no se manchan.
Artículos periodísticos:
“Así es la celda que lo espera a Lula da Silva en Curitiba”. (2018, abril 6). InfoBAE.
“Cómo es el tríplex de Guarujá que complicó a Lula en la Justicia”. (2018, abril 5). La Nación.
“Cómo es la celda exclusiva que prepararon para Lula en Curitiba”. (2018, abril 7). La Nación.
“El tríplex de lujo que llevaría a Lula da Silva a prisión”. (2018, abril 5). InfoBAE.
“Lula Da Silva, a punto de ir a la cárcel: cómo era el lujoso tríplex que condenó al ex presidente”. (2018, abril 6). Clarín.
“Lula Da Silva no será esposado al quedar detenido y estará preso en una celda especial”. (2018, abril 6). Clarín.
“Sérgio Moro, el hombre que envió a Lula a la cárcel”. (2018, abril 6). La Nación.
Bibliografía citada:
Adamovsky, E. (2009). Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Planeta.
Adamovsky, E. (2017). “Debatir la corrupción en serio”. Revista Anfibia. Recuperado a partir de http://www.revistaanfibia.com/ensayo/debatir-la-corrupcion-en-serio/
Bratsis, P. (2003). Corrupt Compared to What? Greece, Capitalist Interests, and the Specular Purity of the State. London School of Economics.
Pereyra, S. (2013). Política y transparencia. La corrupción como problema público. Buenos Aires: Siglo XXI.
