[Por Mariela Barrale *]
Latinoamérica es una de las regiones con mayores tasas de mortalidad y morbilidad maternas a causa de abortos inseguros, a la vez de ser una de las regiones que lo tienen más restringido (junto con África). No es casualidad que las legislaciones de los diferentes países de América Latina sean muy similares entre sí, y que la fuerte cultura patriarcal que nos caracteriza permee a las mismas. Lamentablemente, esta es otra carga que traemos de los países colonizadores (España y Portugal): una ideología impuesta en la época de la conquista y sustentada por el código romano y el código napoleónico. Cabe aclarar que en estos dos países el aborto es legal desde el 2010 y 2007, respectivamente.
Además de las leyes, no podemos dejar de nombrar a diversas fuerzas sociales o instituciones que históricamente han tenido gran influencia y poder, como la Iglesia católica y los grupos conservadores, muy presentes en Latinoamérica.
Si miramos a América Central y América latina, la situación no es muy diversa salvo algunas excepciones como Uruguay, Guyana, Cuba y Puerto Rico, donde el aborto es legal (variando en las semanas transcurridas).
En Argentina actualmente el aborto sólo esta despenalizado en casos de riesgo de vida, violación y madres con discapacidad intelectual, aunque aún en estas situaciones se presentan múltiples obstáculos y restricciones para acceder a la práctica del mismo.
A pesar de la ilegalidad, los datos acerca de los abortos y la mortandad de la región son alarmantes a nivel mundial, y reafirman que la penalización no disminuye la práctica, sino que sólo conduce a la clandestinidad.
Antes de presentar algunas cifras, cabe aclarar que, en la declaración de la práctica del aborto, pueden presentarse omisiones y/o inexactitudes, fundamentalmente por su situación de ilegalidad y la falta de una metodología eficiente. Por lo tanto, es de esperar una subdeclaración de la información, no solo por parte de las mujeres sino también de las instituciones de salud y de sus agentes ante los subregistros de los casos.
Según los datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la incidencia del aborto inducido en el mundo durante el año 2000 ascendió a 46 millones de embarazos que terminaron siendo interrumpidos. De estos, cerca de 27 millones ocurrieron de manera legal y 19 millones tuvieron lugar fuera del sistema y por tanto se considera mucho más probable que hayan sido de alto riesgo (abortos inseguros o riesgosos).[2]
Por su parte, de acuerdo a datos tomados en un contexto global per cápita, América Latina y el Caribe muestran las incidencias más altas de aborto inseguro del mundo (32 por cada 100 nacidos vivos). La OMS estima que aproximadamente una de cada ocho muertes maternas ocurre como consecuencia de un aborto inseguro.
Ante los datos que presenta dicha organización, puede verse claramente una brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Para el año 2000, la tasa de abortos inseguros fue de 2 por cada mil mujeres de 15 a 44 años para los primeros y llegó a ser ocho veces mayor para los segundos. Por su parte, la razón de abortos fue de uno por cada 25 nacidos vivos y de uno por cada casi 7 nacidos vivos, respectivamente.
En América Latina y el Caribe, la relación es de un aborto por cada 3 nacidos vivos, mientras que para Asia y África esta fue de un aborto por cada 7 nacidos vivos.[3]
Otro de los indicadores utilizados es el índice sintético de abortos (comprende el número total de abortos que tiene una mujer en el curso de su vida), resultando en 0.8 para América Central y Latinoamérica, mientras que para África y Asia es de 0.7 y 0.6 respectivamente.[4]
En Argentina, la práctica del aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna, variando su cifra dependiendo del año. De acuerdo a los datos declarados -subdeclarados- y presentados por el ministerio de salud, en 2014 un 14.8% de las muertes maternas fue por «embarazos terminados en aborto»; en 2015 representó un 18,5% y en 2016 (último dato disponible), un 17.6%. Sin embargo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las muertes por abortos inseguros han llegado a alcanzar el 33% del total.
De acuerdo a un estudio financiado por el ministerio de salud, se estima que por año se producen entre 350.000 y 500.000 abortos en Argentina.
Está claro que un fenómeno de esta magnitud resulta, principalmente, un grave problema de salud pública con fuertes consecuencias sociales y culturales. Pero tiene también un impacto muy fuerte (aunque menos mencionado y evaluado) en la economía: los costos económicos del aborto.
Empezaremos hablando del impacto directo de la práctica en el presupuesto de las mujeres y sus familias. Haciendo referencia al costo per se, como a la atención médica por las complicaciones posteriores, los abortos clandestinos realizados por proveedores de salud pueden costar entre un cuarto y la mitad de un sueldo promedio de una mujer. Para los sectores más vulnerables, el aborto clandestino brindado por un médico en una clínica privada puede equivaler a los ingresos anuales de una familia (obviamente inasequibles para éstas).[5]
En nuestro país, un aborto clandestino puede costar actualmente hasta $20.000, dependiendo del lugar donde se practique. Esta cifra resulta bastante elevada teniendo en cuenta que el 80% de las mujeres gana menos de $10.000, y que las más pobres no llegan a $1.600 por mes.[6] A esto, aunque más difícil de mensurar, hay que sumar los costos indirectos, como la ausencia de la mujer a sus actividades económicas y/o domésticas, la de los familiares que acompañan y, en el peor de los casos, el costo de orfandad y destrucción del núcleo familiar.
Sin lugar a dudas el aborto es un indicador de desigualdad social. Solo las mujeres con mayor poder adquisitivo pueden acceder a la práctica del aborto a través de un médico y en un lugar seguro, como pueden ser los centros de salud (privados en la mayoría de los casos).
Por su parte, las pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad recurrirán a personal no especializado o a prácticas autorrealizadas, mucho más riesgosas y con mayores probabilidades de causar problemas de salud o muerte; solo por nombrar algunas, estas pueden ir desde la utilización de plantas abortivas, químicos sin especificar o en dosis incorrectas, hasta la inserción de objetos sólidos y puntiagudos en el útero (agujas de tejer, catéteres, cucharas, ganchos de ropa, etc.)
A su vez, los sistemas de salud deben desembolsar grandes cantidades de su presupuesto (de por sí insuficiente en los países de Latinoamérica) a causa de esta práctica mal realizada.
Según un estudio en América Latina, “la atención a las mujeres con complicaciones de aborto inseguro consume, después de los partos normales, la mayor cantidad de los recursos gubernamentales asignados a los servicios de salud sexual y reproductiva”.[7]
A pesar de que hay varios factores explicativos, uno de los más contundentes es el método, ya anticuado, que utilizan los servicios hospitalarios para completar la práctica: a pesar de que la guía de la OMS recomienda bien la utilización de mifepristona (conocido como RU-486) y/o misoprostol (también comercializado con el nombre de cytotec), bien la aspiración manual endouterina (AMEU), los centros de salud siguen practicando el legrado (raspaje), una intervención quirúrgica que además de ser mucho más traumática es más costosa, tanto por los insumos requeridos como por el tiempo de permanencia en internación.
Alguna evidencia de lo dicho anteriormente puede verse en un estudio realizado en 5 hospitales mexicanos donde se comparan los costos de utilizar el legrado intrauterino y la aspiración endouterina, considerando el periodo de estancia hospitalaria de las usuarias, el personal involucrado, los instrumentos, medicamentos y equipos utilizados. Concluye la investigación que los beneficios de utilizar AMEU se traducen en una disminución del tiempo promedio hospitalario (entre el 25 y 45%) y en una reducción de entre el 28 y 54% en el costo promedio por mujer atendida.
Algo similar ocurre con los métodos abortivos con medicamentos. Además de la seguridad, efectividad y gran aceptación por parte de las mujeres que han efectuado el aborto bajo esta práctica, los costos también son menores a los métodos ortodoxos, fundamentalmente porque -como se ha demostrado en diversos estudios- la utilización de pastillas ha llevado tanto a la disminución de complicaciones graves como a una reducción en la tasa de morbilidad y mortandad asociadas al aborto.[8]
En aquellos países latinoamericanos donde la práctica es legal, se da la mayor utilización de mifepristona y/o misoprostol. No es un dato menor recalcar que, de acuerdo a la especialista Mariana Romero, investigadora del Conicet, la eficacia de estas pastillas combinadas alcanza un 97%. En nuestro país, sin embargo, la primera no se encuentra disponible para su comercialización, mientras que el segundo es producido y comercializado por un único laboratorio (laboratorios Beta) bajo el nombre de Oxaprost. No hay que ser un/a experto/a en economía para deducir que, al ser el único oferente del producto, éste laboratorio explota su poder monopólico imponiendo precios exorbitantes. Prueba de ello es la proporción del costo del Oxaprost en relación al salario mínimo, que aumento de un 12% en 2012 a más de un 30% en 2018. En ese periodo el precio del medicamento se multiplicó por nueve: de $330 a $2974.
A esto hay que sumarle que, dada la ilegalidad del misoprostol como método abortivo en Argentina y su creciente demanda, surgió un mercado paralelo o «mercado negro», que a menudo comercializa pastillas de dudoso origen, aumentando además considerablemente su precio. Esta operatoria incluye a algunas farmacias que venden el producto sin receta pero a un precio que puede llegar hasta los 4 o 5 mil pesos por blister, tal como lo indicaron integrantes del equipo de salud y género de la fundación Soberanía Sanitaria.[9]
Para la reducción de la desigualdad económica y social resulta fundamental, entonces, la implementación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los opositores al proyecto plantean de manera irresponsable que el potencial presupuesto a asignar a esta partida es superior al destinado al cuidado de madres y niños, desconociendo que el gasto total en salud es bajo desde hace décadas y no por eso amerita que este tipo de medidas no se implementen por ser costosas en términos relativos. La discusión sobre la situación general de la salud no puede empañar de ninguna manera la necesidad de que las mujeres accedan a este derecho básico de preservar sus vidas y su salud, de lo contrario se seguirá castigando al sector más vulnerable dentro de los más pobres.
(*) Miembro del OPEN (Observatorio de Políticas para la Economía Nacional) – MUECE
[2] OMS, informe sobre la salud del mundo 2005, capitulo 3.
[3] Guillaume Agnès, Lerner S. (2009). “El aborto en América latina y El Caribe”. En : Baltar da Rocha M.I. (ed.), Barbosa R.M. (ed.) Aborto no Brasil e países do Cone Sul : panorama da situacao e dos estudos academicos. Campinas: Nepo; Unicamp, 269-279.
[4]Shah, I., & Ahmanb, E. (2004). Patrones etarios del aborto inseguro en las regiones de los países en desarrollo. Aborto: perspectivas globales, 12 (24 Supplement), 15.
[5] Guillaume Agnès, Lerner S. (2009). “El aborto en América latina y El Caribe”. En : Baltar da Rocha M.I. (ed.), Barbosa R.M. (ed.) Aborto no Brasil e países do Cone Sul : panorama da situacao e dos estudos academicos. Campinas: Nepo; Unicamp, 269-279.
[6] Valli, P. “El aborto mueve más de $ 7.500 millones por año”, Perfil.com, Buenos Aires, 1 de octubre de 2017.
[7] Shah, I., & Ahmanb, E. (2004). Patrones etarios del aborto inseguro en las regiones de los países en desarrollo. Aborto: perspectivas globales, 12 (24 Supplement), 15.
[8] Guillaume Agnès, Lerner S. (2009). “El aborto en América latina y El Caribe”. En : Baltar da Rocha M.I. (ed.), Barbosa R.M. (ed.) Aborto no Brasil e países do Cone Sul : panorama da situacao e dos estudos academicos. Campinas: Nepo; Unicamp, 269-279.
[9] Paz, A., Ramírez, C., Finielli, A. y Balaña, S., “La economía del aborto clandestino”, Página 12, Buenos Aires, 12 de marzo de 2018.
